TSJCyL anula la autorización ambiental del vertedero industrial de San Martín de Valvení (Valladolid)

  • El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la autorización ambiental concedida al vertedero industrial de la localidad vallisoletana de San Martín de Valvení, según ha informado Ecologistas en Acción a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Según argumenta el fallo, el depósito de residuos industriales autorizado "intercepta un corredor ecológico protegido por el Plan Regional del Valle del Duero", por lo que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL ha anulado la autorización ambiental otorgada en octubre de 2016 por la Junta de Castilla y León a Urbaser, antigua filial de la constructora ACS y actualmente propiedad de la compañía china Firion Investments.

El nuevo vertedero de residuos industriales se proyectaba con una capacidad de 2,5 millones de toneladas de residuos, en una vaguada del páramo de Bárcena situada a 800 metros del río Pisuerga, aguas arriba de las localidades de Cabezón, Santovenia de Pisuerga y Valladolid, en un tramo declarado como Zona Especial de Conservación dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

El Plan Regional del Valle del Duero cataloga las cuestas donde se emplazaba el vertedero como Corredor de Enlace dentro de la Red de Corredores Ecológicos del Territorio Duero, circunstancia que fue omitida por el informe urbanístico realizado por la Diputación Provincial de Valladolid. Según el artículo 36 de dicho Plan, "los corredores ecológicos deben mantener la continuidad de su cubierta vegetal y su potencial como elementos conectores entre áreas de interés ecológico".

Según la sentencia, la aplicación "básica" que se otorga al citado artículo 36 en el Plan Regional del Valle del Duero "comporta su vinculación en cuanto a sus fines, esto es, en este supuesto para la conservación de la continuidad de los corredores ecológicos, lo que no se cumple en este caso toda vez que esa continuidad se interrumpe con el vial proyectado en el Centro Integral de Tratamiento de Residuos.

En cambio, el TSJCyL desestima que la protección otorgada a los terrenos por el Plan Especial de Protección del Medio Natural y Rural Soto de Aguilarejo, de carácter supramunicipal, promovido por la Diputación y aprobado por la propia Junta de Castilla y León en el año 1989, impida también el otorgamiento de la autorización ambiental, toda vez que la normativa de dicho Plan Especial no ha sido publicada hasta la fecha en un Boletín Oficial, por lo que no ha entrado en vigor.

A juicio de Ecologistas en Acción, resulta "esperpéntico" que la Junta de Castilla y León haya autorizado un vertedero de residuos en unos terrenos donde esta actividad "está prohibida por unos planes que ella misma ha aprobado". Se trata además del tercer vertedero de esta naturaleza concedido a Urbaser, tras los aprobados mediante ley en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Fresno de la Ribera (Zamora).

Al margen de la protección urbanística de los terrenos, Ecologistas en Acción recuerda que el nivel de las aguas subterráneas se ha localizado a seis metros por debajo del vaso del vertedero proyectado, que se habría ubicado sobre terrenos que en varios de sus tramos tienen permeabilidades más de 1.000 veces superiores a la máxima establecida legalmente, por la presencia de calizas y yesos afectados por procesos de disolución cárstica. Todo ello en las proximidades del río Pisuerga.

Se trata de un emplazamiento "inaceptable" desde el punto de vista de la seguridad ambiental, con los mismos problemas que el cercano vertedero de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga, del que constituye "en realidad el recambio" dado "su avanzado grado de colmatación y los problemas legales que arrastra", por lo que el nuevo proyecto de Urbaser "era un despropósito" a juicio de la organización ecologista.

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