Un juzgado de lo Penal de València ha condenado a la directora de un centro de atención residencial para personas con discapacidad en situación de dependencia de Calicanto, en el municipio de Chiva, por castigar a internos en una habitación "en condiciones que denigraban su dignidad" y a la administradora por apropiarse de 6.000 euros que la Conselleria de Bienestar Social -actualmente de Igualdad y Políticas Inclusivas- asignaba para gastos personales a los tutelados por la Generalitat internos en dicha residencia.

Así consta en una sentencia del pasado 16 de julio y facilitada este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a la que se ha llegado tras una conformidad entre la Fiscalía y las ya condenadas en firme.

En la misma resolución se acuerda la suspensión de las penas de seis meses de prisión a cada una de ellas, dado que no tienen antecedentes penales y han asumido el pago de la responsabilidad civil. La jueza también establece que la administradora del centro, condenada por apropiación indebida, deberá indemnizar a la Conselleria en esos 6.000 euros junto al centro y a la aseguradora y ambas condenadas deberán pagar un sexto de las costas procesales.

La magistrada considera probado que la administradora de este centro residencial de Calicanto -especializado en personas con dependencia mental crónica- se apropió del dinero correspondiente a cantidades que la Generalitat asignaba para gastos personales a los tutelados por la Conselleria internos en dicho centro o en un piso supervisado de El Vedat, en Torrent.

En concreto, se quedó con la cantidad mensual que asignaba la Conselleria, entre 80 y 250 euros para gastos de libre decisión de los residentes, ya que el centro solo les entregaba la cantidad mensual de 30 euros por interno, un euro diario. El total apropiado que no se ha podido justificar es de 6.000 euros.

CASTIGOS EN LA HABITACIÓN DE CONTENCIÓN

Por su parte, la directora del centro permitía que se hiciera uso en el centro de una habitación, conocida como de contención, para castigar a internos que se habían escapado de la residencia y "en condiciones que denigraban su dignidad". La sentencia explica que esta estancia presentaba "aspecto descuidado, con elementos potencialmente peligrosos como cordón persiana, enchufes eléctricos sin proteger, cristales en ventanas y no tenía baño". En esta habitación permaneció encerrado un interno al menos un mes en el año 2014.

Por todo ello, tras alcanzar la Fiscalía y las acusadas una conformidad, la jueza condena a la administradora del centro para personas con discapacidad en situación de dependencia como responsable de un delito de apropiación indebida, mientras que le absuelve del delito contra la integridad moral. Asimismo, condena a la directora por un delito contra la integridad moral y la absuelve de apropiación indebida.