Así lo ha señalado este lunes el secretario general del Grupo y portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda, José Francisco Martín, quien ha llegado a hablar de un "montaje apañado" entre el responsable de la misma, Santiago Cuesta López; el Gobierno de la Comunidad, que le ha concedido ayudas por valor de 700.000 euros, y las ocho empresas que funcionaron como patronas de la fundación y que sirvieron de "comparsas" en la operación.

Martín ha exigido a la Junta que detalle "el resultado" de los proyectos de investigación subvencionados y que se evalúe públicamente "mes a mes" los avances de los mismos. "Vamos a ser muy pesados pidiendo documentación", ha advertido en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha ironizado con la inclusión de estos proyectos en el plan de reactivación de las comarcas mineras al implicar la creación de sólo tres puestos de trabajo -ha recordado que el 90 por ciento de los 700.000 euros concedidos se destina precisamente a gastos de personal-, uno de los cuales "se traslada de Burgos al Bierzo", en referencia al responsable de los mismos, que desempeñaba sus funciones en un centro de investigación adscrito a la Universidad de Burgos, sobre cuya posible incompatibilidad también se ha pronunciado.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Martín, esta fundación se constituyó bajo el impulso de la Administración regional como entidad privada sin ánimo de lucro, una fórmula "que le gusta" a la Junta, para lo que se ha referido a otros casos como Ade Europa.

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN

Icamcyl vio la luz el 31 de julio de 2017 y contó con el patrocinio de ocho empresas, una de las cuales, Nicolás Correa S.A, abandonó la fundación "inmediatamente" y en su lugar entró la Diputación de León. Con un capital inicial de 32.000 euros, presentó dos proyectos para la investigación de potenciales recursos a partir de residuos mineros y para la búsqueda de minerales avanzados para la industria de Castilla y León cuyos presupuestos iniciales eran de 330.000 euros el primero (257.000 de ellos destinados a gastos de personal) y 332.000 (293.000 de ellos para gastos de personal).

Tras ello, el 15 de diciembre de ese año se solicitó la subvención al Ejecutivo autonómico por estos proyectos, que el día 18 "ya se encontraban en el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) con una propuesta de concesión directa" y "ese mismo día se aceptaba la subvención" y "a los dos minutos la fundación registró una solicitud de anticipo" de la misma.

Según el procurador socialista, el 22 de diciembre se notificó la resolución de dicho anticipo por el valor del cien por cien de la subvención, el cual se ingresó el 17 de enero de este año.

"Ya le gustaría a cualquier ciudadano o empresario que la Junta atendiera con esta diligencia sus peticiones de subvención", ha ironizado Martín, quien ha apuntado, además, que tanto el ICE como la fundación han solicitado una cofinanciación europea para otros proyectos "sin fecha ni firma".