El detenido está acusado de la presunta comisión de dos delitos, uno de maltrato animal y otro de intrusismo profesional, informa la Guardia Civil, que ahora busca al propietario del animal, ya que el ahora detenido se negó a identificarlo.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Badajoz (Seprona) investigaba "supuestas irregularidades en lo que respecta a las extirpaciones de orejas y rabos", practicadas a canes "bajo la justificación de mantener los estándares raciales y estéticos".

Así, el pasado 10 de julio, la Guardia Civil sorprendió 'in fraganti' al ahora detenido, cuando procedía al corte de las orejas de un perro, de raza American Bully, en la sala quirúrgica de una clínica veterinaria de Badajoz, y al ser identificado, resultó que "no tenía la habilitación/titulación para esta práctica veterinaria".

Por este motivo, se le considera supuesto autor de un delito de intrusismo profesional, y a la vez de otro de maltrato animal, informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante este hecho, la Guardia Civil recuerda que además del vigente Código Penal, la legislación al respecto es "tajante", ya que desde el pasado 1 de febrero, entró en vigor en España el Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, donde en su artículo 10, refiere la prohibición de las intervenciones quirúrgicas "cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal de compañía o conseguir otros fines no curativos".

En particular, se alude al corte de cola; el corte de orejas; la sección de las cuerdas vocales, o la extirpación de uñas y dientes, "salvo que un veterinario, considere la necesidad de intervenciones en beneficio de la salud del animal y/o poder disminuir su sufrimiento", una excepción "no observada en ningún momento en la actuación de los agentes del SEPRONA".

Ahora la Guardia Civil, busca al propietario del animal, ya que el supuesto autor de los delitos se negó a su identificación, y el animal no poseía el denominado microchip, que es obligatorio por su especie y edad.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial, en unión de las diligencias instruidas, y señala la Guardia Civil que esta persona se puede enfrentar a condenas de hasta dos años de prisión por el intrusismo profesional y hasta 18 meses por el maltrato animal.