Consumo advierte que contratar servicios o comprar fuera del establecimiento puede conllevar prácticas desleales

  • La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, perteneciente al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón quiere trasladar a los ciudadanos algunos consejos ante la frecuencia de las ventas a domicilio o por teléfono, y ha recordado que contratar servicios o comprar fuera del establecimiento mercantil puede conllevar prácticas comerciales desleales.

"Frecuentemente, los comerciales a domicilio, que actúan en nombre de compañías telefónicas o de gas o electricidad, se ganan la confianza del consumidor ofreciendo rebajas en el precio, sin advertir que eso conlleva un cambio de compañía y de condiciones contractuales", ha explicado la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo.

Y es que los nuevos contratos que se ofertan como favorables para el consumidor llevan asociados, muchas veces, otros servicios no obligatorios y que hacen que el importe final de la factura sea superior al que estaba pagando anteriormente el usuario.

Por ello, para evitar la firma de contratos indeseados o no reflexivos o que se pueda caer en fraudes, abusos o engaños, desde Consumo aconsejan medidas como no dejar entrar en casa a personas desconocidas y, en caso de que un comercial acuda a su domicilio, se debe solicitar la correcta acreditación de la empresa que dice representar. También es aconsejable llamar a la compañía como método de comprobación.

Es importante no proporcionar datos personales tales como facturas, NIF o la cuenta bancaria. En caso de que le realicen una oferta comercial en casa o telefónicamente, el ciudadano no está obligado a tomar decisiones de forma inmediata y, de hecho, es recomendable que se tome el tiempo necesario para pensar o consultar con familiares.

La directora general ha recordado que es especialmente importante tener cuidado al firmar documentos ya que la firma compromete a cumplir el contrato así que, antes de hacerlo o de entregar una señal, es importante hablar con personas de confianza. El consumidor tiene derecho a que le dejen una copia de los documentos que ha firmado y tiene que asegurarse de que contengan claramente los datos de la empresa, la fecha de la firma y las condiciones.

En muchas ocasiones, el propósito del comercial en su visita es cambiar al usuario de compañía de gas o de luz y con ello al mercado libre. "Especialmente, en los casos de la luz, queremos recordar a los consumidores que si cambian al mercado libre perderían el derecho al bono social", ha afirmado Cihuelo.

Las revisiones oficiales y preceptivas de la instalación de gas canalizado son previamente anunciadas por las compañías y su importe se paga en el siguiente recibo del gas, por lo que hay que desconfiar de aquellos revisores a los que no se ha llamado ni se esperaba y pretenden cobrar en metálico y sin presupuesto previo.

Finalmente, desde Consumo han resaltado que en los contratos de telefonía, gas y electricidad hechos a domicilio y en las compras en casa, por Internet, teléfono, por catálogo o a distancia, el usuario tiene un plazo de 14 días naturales para desistir sin tener que dar explicaciones.

La Dirección General de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón ha recibido en 2017 un total de 1.889 consultas y reclamaciones sobre telecomunicaciones, 979 sobre energía eléctrica y 196 sobre gas.

PERSONAS MAYORES

Se pone especial atención en las personas mayores y otros colectivos vulnerables para evitar fraudes, engaños y abusos por parte de particulares y de profesionales y empresas que no actúan conforme a la legalidad vigente. Es por ello que la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios publicó una guía en la que se recogen una serie de recomendaciones y consejos, y que se puede consultar en http://bit.ly/2uzjyAFConsumoSeguridad.

La directora general ha indicado que se han incrementado las consultas y reclamaciones que realizan los mayores de 65 años lo cual puede responder a un mayor conocimiento de sus derechos, objetivo principal del programa de educación al consumidor que se lleva a cabo en todo el territorio de la comunidad autónoma.

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