Así lo ha explicado la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, en una rueda de prensa en la que ha detallado los acuerdos adoptados por el patronato en una reunión extraordinaria este pasado jueves. El organismo decidió remitir la información sobre estas subvenciones y las construcción de estos espacios a la Fiscalía para que "determine si existen responsabilidades" y "quiénes son los responsables".

Barceló ha avanzado que si se abriese una investigación, la Conselleria se personaría en la misma, y ha achacado estas supuestas anomalías encontradas a la "nefasta gestión del dinero público" en la anterior etapa de gobierno del PP.

Según ha indicado, una auditoría pública de regularidad contable del año 2016 "revela ciertas irregularidades relacionadas con las subvenciones públicas solicitadas al Ministerio para la ejecución de obra de la Torre A y el Biopolo". En concreto, afectan a dos expedientes.

El primero versa sobre la subvención solicitada y otorgada en 2009 por la Secretaría de Estado de Investigación, por valor de

1.100.000 euros para la construcción de la sala GMP, una sala de cultivo celular. El Ministerio fijó un plazo ejecución desde el 1 noviembre de 2009 al 1 de noviembre de 2012.

"A escasos días que se concluyera el plazo", a partir del 25 de octubre y en un periodo de tiempo de solo seis días, "se firma la contratación, se construye, se certifica y se abona el importe", para el que el Ministerio reclama ahora su devolución.

En el segundo expediente, se tramita con el "mismo modus operandi" la ejecución de obras de acabado de instalaciones y acondicionamiento de la torre del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, en concreto, la primera fase de la finalización de la Torre A y del Biopolo.

Las obras se financiaron con dos préstamos, el primero por importe de 3.185.430 euros, en 2010; y otro préstamo de 1.375.570 euros concedidos por el Ministerio de Economía el 15 de diciembre de 2010, "distinguiendo para cada año la parte correspondiente a préstamo y la parte de anticipo reembolsable".

Tras solicitar varias prórrogas que fueron concedidas, "lo curioso", ha destacado Barceló, es que la firma del contrato tuvo lugar en diciembre de 2012, cuanto los trabajos debían haber estado ejecutados entre 2010 y 2011. El Ministerio reclama ahora la devolución de 2.600.000 euros.

((Habrá ampliación))