El Congreso ha rechazado este viernes la nueva senda de déficit diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez que aliviaba y daba más aire a las administraciones para cumplir los objetivos de déficit y deuda, así como el techo de gasto para el próximo año. Ha sido la votación más importante a la que se ha enfrentado hasta el momento Pedro Sánchez... y la ha perdido por la falta de apoyos tanto desde la derecha como desde la izquierda.

El Gobierno necesitaba una mayoría de votos a su proyecto, pero ha recibido 173 'noes ' de los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, Bildu, UPN, Foro y Coalición Canaria, por apenas 88 votos favorables del PSOE y PNV. El resto de los grupos se ha abstenido, entre ellos Unidos Podemos, Compromís, ERC, Nueva Canarias y PDeCat.

La senda fiscal es el nombre con el que se conocen los objetivos de estabilidad que cada país comunitario pacta con la UE. El Gobierno de Rajoy se comprometió con Bruselas a cerrar este año con un déficit del 2,2% y reducirlo progresivamente hasta lograr superávit en 2021. Pero aquello se torció. El Gobierno aprobó unos presupuestos que contenían una expansión de gasto y unas rebajas fiscales—para amarrar el apoyo del PNV y por la cercanía de elecciones territoriales— y los expertos económicos ya intuían entonces un desvío sobre el objetivo.

Entonces vino la moción de censura. El Gobierno socialista facilitó la aprobación de aquellas cuentas... y después pactó un alivio de los objetivos con Bruselas para que el agujero este año fuera del 2,7% (cinco décimas más), en 2019 del 1,8% (otras cinco décimas más) y alcanzar el superávit un año después, en 2022.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda para las Administraciones Públicas deben ser aprobados por el Congreso de los Diputados porque son la base de la elaboración de los Presupuestos del Estado. En este caso, como se trata de la senda fiscal 2019-2021, incluyen el techo de gasto para el año 2019 y los dos años posteriores, una referencia para que las comunidades puedan elaborar sus cuentas regionales.

Es el límite de gasto no financiero de los presupuestos de un país. Es decir, la cantidad que pueden gastar sus administraciones sin tener en cuenta el desembolso de intereses por la deuda pública. El Gobierno insiste en que este techo de gasto no se vota de forma individual, sino como parte incluida en el paquete de los objetivos de estabilidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dibujado un alza del 4,4% respecto al año anterior, la más pronunciada desde el comienzo de la crisis, pero esos 125.064 millones de euros que se han dibujado como nuevo techo, no han visto la luz por el rechazo del Congreso.

Aquí hay de todo. Hay un posicionamiento político de partidos como Ciudadanos y como el PP —que acaba de dar la bienvenida a Pablo Casado como líder y el rechazo a esta votación le sirve como primer movimiento de oposición en el tablero—, otro de interés nacionalista que enarbolan los catalanes PDeCat y ERC ("nada es gratis", dicen los primeros) y finalmente el ideológico, representado por Unidos Podemos, que cree que ese techo de gasto es escaso. Las elecciones del próximo año en ayuntamientos y regiones también pesan mucho... y los partidos toman posiciones en el tablero para usarlas luego ante las urnas.

No les parece que el techo de gasto sea lo suficientemente ambicioso, tanto por el contexto de recuperación económica que vive el país, como por las heridas y cicatrices que muchos hogares aún sufren desde la crisis. "No lo apoyamos porque buscaba la abstención del PP", ha explicado este viernes la portavoz adjunta del partido morado, Ione Belarra, que entiende que Sánchez es poco ambicioso y quería la abstención de los populares en el Congreso y, sobre todo, en el Senado, donde tienen mayoría absoluta. Su partido cree que el techo debería haber sido más ambicioso porque quedan "5.000 millones de oxígeno por el camino".

La Ley dice que si las Cortes no aprueba el techo de gasto, el Ejecutivo debe remitir otro acuerdo en un plazo máximo de un mes. Pero no parece la opción que vaya a elegir el Gobierno. La ministra Montero insiste en que "no hay plan B" así que, tras no aprobarse la senda de gasto, el Gobierno optará seguramente por terminar el año con la meta de déficit le dejó el Gobierno del PP y un techo de gasto sería de 124.000 millones, unos mil millones menos.

Esa meta anterior —del 2,2% para este año y del 1,3% para 2019— es mucho más estricta y resta esos cinco décimas extra de margen fiscal que concedió Bruselas tanto para 2018  como para 2019. Es decir, la administración Central, las comunidades y los ayuntamientos dispondrán de 6.000 millones menos cada ejercicio para gastar... todo un contratiempo en un año electoral en el que los grandes partidos deben arañar votos en sus territorios.

El Gobierno asegura que no. Dice que la aprobación del techo de gasto, pese a que debe producirse, no es un freno a la elaboración de los presupuestos del próximo año. Un ejercicio para el que los socialistas tienen en mente una expansión de gasto social y un alza de impuestos para poder sufragar este mayor gasto, con ese anunciado tributo a la banca, a las tecnológicas, al diésel y la imposición mínima del 15% a las grandes empresas.

Sánchez aseguró ayer que presentará "en tiempo" —es decir, antes del 1 de octubre— el presupuesto para 2019 con la senda que lleva al Congreso... y si no sale adelante, con la de Rajoy. La previsión del anterior presidente para el próximo era cerrar con un desajuste del 1,3% del PIB, una cifra que Sánchez elevó también cinco décimas, hasta el 1,8%. Dos de esas décimas iban a ser para las comunidades autónomas... todo un aire fresco de gasto en pleno año electoral.

Esa opción, que corre como rumor en los pasillos del Congreso, encontró mayor eco cuando la ministra portavoz Isabel Celáa aseguró esta semana que "nadie está pensando en adelantar las elecciones" pero precisó que el Ejecutivo no aguantaría en el poder "más allá de lo razonable" si no encuentra apoyos en su acción de Gobierno. Su declaración fue matizada poco después por el presidente Pedro Sánchez, que zanjó que su idea es aguantar la legislatura y llamar a las urnas en 2020.