Hospital de Poniente
Hospital de Poniente Europa Press - Archivo

En un comunicado, el Gobierno andaluz ha precisado que tras la celebración de un juicio rápido, el agresor ha sido también condenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 a una multa de cuatro meses a razón de una cuota diaria de cuatro euros, por dos delitos de resistencia y desobediencia; y otra multa de 20 días a razón de una cuota diaria de tres euros, por tres delitos leves de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de julio, cuando un paciente que era atendido en Urgencias increpó a varios profesionales y propinó un golpe a un facultativo. Posteriormente, agredió también a los dos vigilantes; sentido en el que desde el centro hospitalario han manifestado su "absoluto rechazo a este tipo de conductas, que carecen de cualquier justificación".

Desde el momento en que se produjeron los hechos, el hospital ha puesto a disposición de los afectados todas las medidas de apoyo incluidas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, que incluyen asistencia psicológica y asesoramiento jurídico.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias condenatorias a penas de prisión, como ha ocurrido en este caso.

La Consejería de Salud condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones.

El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia.

Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores o guardias de seguridad) como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.

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