La Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha celebrado una vista sobre la medida cautelar de suspender el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para los VTC (vehículos con conductor) y decidirá si la mantiene o la levanta este viernes entre las 11 y las 12 horas, lo que determinará si continúan las protestas en el sector del taxi, tras dos días de huelga este miércoles y jueves.

En la vista, los representantes del AMB y de asociaciones de taxistas han expuesto sus argumentos para reclamar que se revoque la suspensión, argumentado el perjuicio económico que esta podría causarle, teniendo en cuenta que el TSJC no dictará sentencia sobre este asunto hasta un plazo que puede durar años.

Un informe económico pericial solicitado por las asociaciones del taxi apunta a que la facturación del sector podría caer un 33 % si se suspende este reglamento, que limita la actividad de empresas como Uber o Cabify.

La AMB, por su lado, ha subrayado que "el reglamento no se ha creado 'ad hoc' para proteger a un sector determinado, ni responde al capricho de ningún político", sino que pretende prevenir los problemas que han causado este tipo de licencias en otras ciudades después del aumento "dramático" de las VTC durante los últimos años en Barcelona.

Según el AMB, el reglamento "no cuestiona las autorizaciones existentes ni las competencias estatales", sino que, "avalado por informes jurídicos y técnicos", establece una autorización adicional para los vehículos con licencia VTC que operen en el AMB, un grupo que cifran en torno al 90 % del total.

Los letrados del Área Metropolitana han subrayado "el impacto sobre la movilidad y el medio ambiente" que puede tener esta suspensión, al permitir la concesión de miles de nuevas licencias, y han definido esta situación como "el conflicto típico y tópico entre intereses generales e intereses empresariales".

Las distintas asociaciones de taxis han argumentado que el Tribunal Constitucional ya se pronunció con anterioridad para definir la regulación del transporte urbano como una "competencia exclusiva de las autonomías" y los taxis "como un servicio de interés general, si bien no un servicio público al uso".

Igualmente, los representantes de los taxistas han afirmado que el Estatuto de Cataluña de 2006 ya otorgaba esta competencia al gobierno autonómico y han denunciado que la proporción de 1 licencia de VTC por cada 30 taxis establecida en la ley "existe solo a nivel simbólico" a causa de la "falta de supervisión del Estado".

"No podemos lanzar la imagen de que una ciudad del sur de Europa no tiene capacidad para controlar su tráfico rodado", han afirmado los letrados, que consideran que la "circulación incesante y sin control" de vehículos con licencia VTC tiene perjuicios para los propios trabajadores de estas empresas y para los taxistas.

En cuanto a la posible subida de precios si se reduce la presencia de vehículos con licencia VTC, los representantes de los taxistas argumentan que "subirán precios si así lo desean las plataformas", dado que no cuentan con tarifas fijadas, como sí tienen los taxis.

Igualmente, ven "difícil" defender que el reglamento supone un "prejuicio irreparable", dado que el 92 % de las licencias VTC están en manos de sociedades mercantiles con una facturación superior al millón de euros.

Por su parte, la CNMC ha pedido la suspensión de todo el reglamento de la AMB que regula la concesión de licencias de VTC y ha argumentado que la norma impulsada por el AMB "limita, extingue y revoca un número significativo de autorizaciones concedidas por las autoridades", unas 1.000 según ellos.

Los representantes de la Comisión han señalado, asimismo, la "falta de competencia manifiesta del Ayuntamiento" para otorgar este tipo de autorizaciones y han explicado que su aplicación tendrá "un efecto inmediato sobre los consumidores, con menos operadores y menos oferta".

"Existen medidas mucho menos restrictivas que las que ha puesto el AMB" para garantizar "la mobilidad urbana", han afirmado los letrados de la CNMC.