Las comparecencias comenzarán a las 09.30 horas en la Sala Verde del Parlament y fueron solicitadas por el PP. La Diputación Permanente autorizó este miércoles la sesión.

El PP acusa a incumplir el código ético del Govern, en lo relativo al conflicto de intereses, con la modificación que permite que los auditores de la Sindicatura de Comptes accedan a plazas de interventor, lo que según los 'populares' beneficiaría a la propia consellera.

Según el PP, hay "muy pocas personas" que cumplan los requisitos para poder ocupar estas plazas de interventor y "precisamente" dos de ellas serían la consellera Cladera y la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez.

"Se ha creado una plaza a dedo y ha ampliado las funciones de su propia plaza pensando más en dónde puede estar en la legislatura que viene que no en su cargo actual", protestaba este mes la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens.

OPOSICIONES ANULADAS AL CUERPO AUXILIAR

Además, el PP también pidió la comparecencia de Cladera para informar sobre la anulación de la prueba informática en las pruebas del Cuerpo Auxiliar de las oposiciones de la Comunidad 2018.

El Tribunal calificador de las pruebas del Cuerpo Auxiliar de las oposiciones de la Comunidad 2018 decidió anular la totalidad de la prueba informática celebrada el pasado 26 de mayo tras revisar 173 alegaciones presentadas por diferentes opositores, por causa de circunstancias sucedidas durante la prueba, a la que se presentaron 694 aspirantes.

El PP reclamó entonces a Cladera el "cese inmediato" del director de la EBAP, Jaime Tovar, por el "caos" generado. Igualmente, Cs exigió explicaciones y criticó el "silencio absoluto" desde la Conselleria de Hacienda.

"Cladera debería comparecer por propia iniciativa inmediatamente para esclarecer lo sucedido, y exponer las medidas que va a tomar", señalaba el portavoz de Cs, Xavier Pericay.

Los opositores que aprobaron las pruebas también protestaron por esta decisión. En un comunicado, criticaron que Tovar mantuviera una reunión con algunos miembros del Tribunal Calificador y con algunos opositores que habían solicitado anular la prueba informática, una vez finalizado el periodo de alegaciones, lo que a su entender podría suponer una vulneración de los principios de transparencia e imparcialidad "que deben regir en todo proceso selectivo".

El colectivo sugirió que el objetivo de esta reunión podría ser "ejercer presión sobre la decisión final del Tribunal". "Es altamente sospechoso que se nos anule nuestra oposición, que hemos aprobado actuando en todo momento de buena fe, y se dé una segunda oportunidad, con cinco meses para estudiar, a todas aquellas personas que ni tan solo llegaron a un aprobado", incidieron.