Así lo ha explicado la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que ha detallado que se trata de resaltar la aportación de la economía social a la Comunidad, que representa un 4,5 por ciento del PIB regional y ha creado más de 200.000 puestos de trabajo, según datos de la Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES-Aragón).

La consejera ha señalado también que según las mismas fuentes "uno de cada tres aragoneses está vinculado a alguna de las organizaciones que configuran la Economía Social y más de 400.000 personas participan, colaboran o forman parte de asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuas, sociedades laborales, empresas de inserción y centro especial de empleo".

Gastón ha indicado que esta ley se pretende establecer un marco normativo para un sector relevante por sus aportaciones a la sociedad y para impulsar su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.

COMPROMISO

El texto plasma el compromiso de la Administración autonómica con el reconocimiento, promoción y estimulo de todas las entidades y empresas aragonesas de la economía social, con una larga tradición en la Comunidad y una amplia implantación en todo el territorio.

En esta línea, el Departamento de Gastón ya está llevando a cabo distintas iniciativas. A través de SODIAR, puso en marcha en 2016 un Fondo de Apoyo a las Empresas de Economía Social de Aragón, que en esta tercera edición ha contado con 36 solicitudes de emprendedores, de los que se han seleccionado 22 proyectos.

Por otra parte, durante el año 2017 finalizó la tercera edición del Programa de Emprendimiento Social de Aragón impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento, que ha permitido apoyar a una veintena de proyectos, y el Instituto Aragonés de Empleo ha otorgado desde 2016 ayudas a Centros Especiales de Empleo, a Empresas de Inserción Laboral y a Cooperativas y Sociedades Laborales, mediante diferentes convocatorias públicas.

FUNDAMENTOS DE LA LEY

El anteproyecto de ley se basa en tres aspectos claves, por un lado, el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de las sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo.

En segundo lugar, coordinar e instrumentar políticas y medidas de apoyo, incluidas la económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector.

En tercer lugar, integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la participación en órganos específicos, como el Consejo de la Economía Social de Aragón, "que permitan aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas", ha dicho Gastón.