En respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Podemos Marta Maicas, Santiago ha explicado que se trataba de un servicio dirigido a reclusos, dada su situación vulnerable, y de personas en situación de dependencia.
La consellera ha detallado que en 2016 fue presupuestado con el objetivo de ponerlo en marcha de nuevo y que en 2017 se envió una propuesta al Colegio de Abogados de Baleares pero, ha añadido, "todavía no hay respuesta".
"El Govern ha dado los pasos necesarios. Estamos pendientes de que el Colegio de Abogados concrete si la propuesta les parece bien porque es un servicio necesario", ha asegurado Santiago.
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