En su escrito, la Fiscalía imputa a los acusados un delito de atentado, un delito leve de lesiones y un delito relativo al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas (odio o discriminación). Alternativamente, plantea que se condene a los acusados de un delito de atentado y otro de lesiones con la circunstancia agravante de discriminación ideológica.

En ambos casos, la suma de las penas de prisión es de dos años de cárcel para cada uno de ellos. Con la calificación más grave, el fiscal también plantea una multa de unos 2.000 euros y una inhabilitación especial para profesiones educativas, y con la segunda la multa se queda en 900 euros y no hay inhabilitación profesional.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2017 a las puertas de una sucursal bancaria. Los acusados comenzaron a sacar fotos del comandante, que iba uniformado, mientras se reían y él se lo recriminó.

Según el fiscal, le contestaron que hacían "las fotos que les salía de los cojones", le agarraron del cuello y le golpearon mientras le decían frases como "sois unos fachas, os creéis que estáis en la época de Franco".

La Fiscalía relata que los golpes y puñetazos por todo el cuerpo continuaron y que le arrojaron contra un banco de piedra y luego contra unos contenedores mientras le decían "te voy a matar, sosis unos fachas", hasta que intervinieron varios transeúntes.

El comandante les siguió cuando se marchaban y siguieron amenazándole con frases como "si no te vas te vamos a volver a dar".

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió policontusiones y hematomas que no precisaron de tratamiento quirúrgico pero sí 98 días de curación con secuelas valoradas en cinco puntos. El dolor residual impidió al militar realizar las pruebas físicas anuales del Ejército y estuvo impedido para su actividad relacionada con la defensa personal.

Por todo ello, la Fiscalía también reclama que los acusados indemnicen a la víctima con más de 9.000 euros por los días de curación y las secuelas.