Somalia
Imagen de unos niños en un colegio de Mogadiscio, Somalia. GTRES

Una niña de diez años ha muerto recientemente en Somalia tras ser sometida a una mutilación genital debido a la hemorragia provocada por la intervención, realizada por una médico tradicional el pasado 14 de julio.

"La responsable de la circuncisión es sospechosa de haber cortado una vena importante durante la operación", ha dicho Haua Adén Mohamed, directora del Centro de Educación para la Paz y el Desarrollo de Galkayo (GECPD), un grupo local de defensa de los derechos de las mujeres.

"La mujer que llevó a cabo la operación no ha sido arrestada, pero aunque lo fuera no hay ley que garantice que sería castigada por su acto. Es solo uno de los muchos casos que pasan cada día en Somalia", ha lamentado.

Según los datos de Naciones Unidas, cerca de 200 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital femenina a nivel mundial. La operación implica la extirpación parcial o total de los genitales.

El ritual, que se practica en al menos 27 países africanos y en partes de Asia y Oriente Próximo, es llevado a cabo frecuentemente por personas que usan cuchillas sin esterilizar, lo que deriva en múltiples problemas de salud.

Expertos en sanidad señalan que esta práctica puede causar complicaciones mortales durante el parto, mientras que en otras ocasiones las víctimas se desangran o mueren a causa de infecciones.

En este sentido, Brendan Wynne, de Donor Direct Action, ha recalcado que "los que hacen lobby a favor de la mutilación genital femenina plantean a veces el argumento sinsentido de que no es dañina, lo que no es cierto".

"No tenemos más tiempo para debates sobre los daños de la mutilación genital femenina y este caso, como muchos otros, lo demuestra. Sólo se le pondrá fin cuando los gobiernos adopten una línea dura y protejan a las niñas en riesgo", ha zanjado.

Somalia es uno de los países con una tasa más alta de mutilación genital femenina a nivel mundial y, según la ONU, el 98 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años han sido sometidas a la misma.

La Constitución del país prohíbe esta práctica, pero los esfuerzos para aprobar leyes que castiguen a los responsables no han prosperado debido al temor de los parlamentarios del impacto electoral que pueda tener entre las comunidades musulmanas.