Cada día una veintena de propietarios de VPO de Andalucía acuden a la Consejería de Obras Públicas para solicitar la descalificación de sus pisos. Nueve de cada diez lo logran.

Tras el revuelo que provocó el decreto de 2006 para evitar la especulación con las VPO (ver despiece), un total de 10.563 propietarios han solicitado, desde septiembre de 2006 al 2 de enero de 2008, que sus viviendas pasen a formar parte del mercado libre.

En ese tiempo, la Junta ha resuelto 8.128 casos, de los que 7.112 han sido favorables para el dueño. No obstante, 1.016 han visto frustradas sus intenciones al no cumplir todos los requisitos que exige la administración. El resto sigue en espera de respuesta.

Trámites lentos

Los trámites duran meses. María, por ejemplo, ha tardado cinco entre papeleo, devolución de las ayudas que obtuvo al adquirir la VPO... hasta lograr la resolución. A Fernando le ha tardado menos. Cumplía los requisitos y pasados tres meses, como la Junta no contestó, la resolución fue automática por silencio administrativo.

Sevilla y Málaga han sido las provincias con más peticiones. Ya se han descalificado 2.089 y 1.380 VPO, y se han rechazado 248 y 250 respectivamente. En Córdoba se han resuelto favorablemente 550 expedientes y se han denegado 50. Granada y Jaén están a la cola en solicitudes . Se han resuelto 286 (208 favorables).

Hay gente que quiere descalificar y otros que desean regularizar su situación. En Andalucía hay unas 42.000 viviendas sociales autonómicas. En muchas los inquilinos están de forma alegal (viven los hijos, la viuda...) o están de alquiler y la quieren comprar.

Ante el número de peticiones recibidas, la Junta amplía hasta el 11 de julio el plazo para que los ocupantes sin titulo regularicen su situación, los inquilinos que quieran compren el piso y los adjudicatarios que lo deseen amorticen el capital que tienen pendiente.

Las claves del Decreto

43.200 familias. Calculó la Junta que podían regularizar su VPO de promoción pública en Andalucía tras el decreto en vigor desde octubre.

Requisitos. Ser ocupantes de la vivienda sin título al menos dos años antes de la entrada en vigor del decreto. Yacreditar que la persona titular ha renunciado a la propiedad.

Ingresos. Que la familia no superen en dos veces y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Ayudas. Hasta 250 euros si se vive en la casa de los padres difuntos y se inscribe en el Registro de la Propiedad. También hay deducciones para quienes no hayan terminado de pagar si VPO ni la hayan regularizado.