Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Municipal Popular, Margalida Durán, en una rueda de prensa. "Los palmesanos, especialmente los vecinos de Playa de Palma, tienen la necesidad imperiosa de contar con una ordenanza que regule las actividades ilegales", ha declarado.
Sin embargo, pasada la aprobación inicial los 'populares' sí presentarán alegaciones porque creen que la ordenanza es "un texto descafeinado que no solventa todos los problemas" y se puede mejorar.
Por ello, a partir de la semana que viene el PP se volverá a reunir con la plataforma ciudadana de Playa de Palma y las patronales para presentar sus propuestas y recoger aportaciones.
La portavoz del PP en Palma ha lamentado que la ordenanza cívica llegue "más de dos años tarde, descafeinada e incompleta a causa de las luchas de poder y las discrepancias entre los tres gobiernos de Cort".
"Llevamos más de dos años reclamando una ordenanza que regule las conductas incívicas y las actividades ilegales en Palma, como la venta ambulante, el trile, la prostitución, la mendicidad coercitiva y el consumo de alcohol en la calle", ha reivindicado Durán.
La edil del PP también ha exigido al alcalde, Antoni Noguera, que "además de aprobar normativas las haga cumplir" puesto que "ya hay normativas vigentes en materia de ruidos o consumo de alcohol que no se están cumpliendo por falta de voluntad política".
REALOJO DE FAMILIAS DE SON BANYA EN CAMP REDÓ
Por otra parte, Durán ha exigido al alcalde que explique el realojo de dos familias de Son Banya en la barriada de Camp Redó, puesto que "el Ayuntamiento se comprometió a excluir zonas con problemáticas previas, como Camp Redó o Virgen de Lluc", en este proceso.
Para la portavoz popular "es una irresponsabilidad que el equipo de gobierno esté incumpliendo este acuerdo sin la menor justificación y sin atender las reivindicaciones de los vecinos", lo que entiende que deja el pacto entre todas las fuerzas políticas "en una simple foto".
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