Cantabria dispondrá el año que viene de un total de 26 millones adicionales por el relajamiento del déficit y su reparto entre las administraciones, y que será de dos décimas -en lugar de tres- a las comunidades, al pasar del 0,1 al 03% del PIB (antes era del 0,4%).

Este 'alivio' -de 13 millones por décima en el caso de nuestra región, lo que hace ese total de 26- unido al incremento de los ingresos previstos -como los 22 millones que la Comunidad espera recaudar con el 'céntimo sanitario', impuesto estatal que grava el combustible- supone que, "en principio", el Gobierno PRC-PSOE no tendrá que hacer "ningún tipo" de ajuste, y favorecerá además la elaboración del presupuesto autonómico, el último de la legislatura.

Así lo ha valorado el consejero del ramo, Juan José Sota, este miércoles en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas sobre cuestiones económicas. Por su parte, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y también al ser cuestionado por los medios, ha manifestado que esos 26 millones constituyen "un pequeño alivio, pero muy pequeño". Aunque, como ha admitido el también líder del PRC, "mejor es que te los den que te los quiten".

Sota también ha respondido a otros asuntos, como la activación por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez del plan de alivio de la deuda de Valencia y Cataluña.

Un asunto que se abordará este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ante que el titular cántabro de Economía, Hacienda y Empleo se ha mostrado "convencido" de que si hay un acuerdo en la materia será para "todas las comunidades autónomas y no solo para dos". "Si esa solución se avanza para esas comunidades, estoy convencido de que también se hará extensivo al resto", ha manifestado al respecto.

El consejero socialista también ha informado de que el bipartito ha solicitado al Estado adherirse, a partir del próximo ejercicio, al Fondo de Facilidad Financiera, al ser Cantabria una de las comunidades que ha cumplido los objetivos de estabilidad y puede, por tanto, "salir" del Fondo de Liquides Autonómica (FLA) y pasar al FFF, que es "mucho mejor", desde el punto de vista de los tipos de interés por ejemplo.

La solicitud obedece al cumplimiento de los objetivos marcados en 2017 y el cambio se tramita en el presente ejercicio, de modo que será efectivo en el próximo. Es decir, que Cantabria entraría en dicho fondo en 2019, a partir de cuando formaría parte del "selecto grupo" de autonomías que se financian por él en vez de por el FLA.

Sota también ha aprovechado para anunciar que el Ejecutivo autonómico pagará, el próximo 27 de julio, la "primera tacada" de las ayudas al alquiler, que suman 320.000 euros de los que se beneficiarán 707 cántabros.

Subvenciones que se han tramitado "muy rápido" de modo que la Comunidad será "de las primeras" en efectuar el pago. Y es que la orden se dio el pasado 29 de junio, y se trasladó a Tesorería para que los afectados cobren de manera "inmediata".

Ya en agosto, en concreto el día 13, se abonará a los ayuntamientos de la región los 15,4 millones de euros contemplados en el Fondo de Cooperación Municipal.

Ambas operaciones se sumarán al desembolso, a finales de este mes, de los atrasos correspondientes a la subida salarial -del 1,5%- a los empleados públicos, incremento que entró en vigor en enero.

DÉFICIT

Al margen de estas fechas de pagos, y a propósito del CPFF, Sota espera que la reunión -fijada a las cinco de la tarde en Madrid- "vaya bien" y que "todas" las comunidades se beneficien de la "holgura" del déficit.

En este sentido, el consejero cántabro ha recordado que él y el Gobierno regional siempre se han mostrado en contra de las quitas de deuda, aunque a favor de que pueda haber una reestructuración de la misma, a través de los plazos de amortización o, si fuera necesario, negociando los tipos de interés.

Y ha añadido que con el nuevo objetivo de déficit, que es "más suave" que el actual, el Ejecutivo autonómico podrá dedicar más recursos a las competencias más importantes de la transferidas, esto es, sanidad, educación o políticas sociales.

Para Sota, el reparto del déficit acordado por el Gobierno de Sánchez entre la administración central (una décima), las autonómicas (dos décimas), los ayuntamientos y la Seguridad Social (dos décimas) es "justo" y obedece a las reivindicaciones hechas por esta Comunidad de que se tuvieran en cuenta las competencias de cada administración.

La decisión, como ha comparado, "difiere mucho" de la que se hacía durante el anterior mandato del PP de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio, pues cuando se acordaba algún 'alivio' en el déficit, el Estado "se quedaba con toda la parte y a las comunidades autónomas nos machacaba", ha recordado Sota.