El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el anteproyecto de Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Región de Murcia, que ha sido consensuado con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (CERMI).

La ley beneficiará a 160.000 personas con discapacidad y contempla tres objetivos principales como son garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad; asegurar la transversalidad de las políticas de la Comunidad Autónoma que afectan a las personas con discapacidad; y la protección de sus derechos.

El anteproyecto en su totalidad supone una novedad en el ordenamiento jurídico e incluye medidas en los ámbitos de la salud, los servicios sociales, la educación, el empleo, la cultura, el deporte, el medio ambiente, el urbanismo, la vivienda, el transporte, la accesibilidad universal, la sostenibilidad económica y la participación en la vida pública.

Recoge actuaciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, como son la previsión de un sistema de arbitraje y del régimen de infracciones y sanciones de aquellas conductas realizadas en detrimento del principio de igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad.

Esta ley introduce medidas que garantizan la atención e intervención de las administraciones públicas más allá, en ocasiones, de las propias obligaciones legales de carácter básico, como por ejemplo la creación de los servicios de capacitación sociolaboral, la acción global en materia de consumo, la accesibilidad de la cultura y el ocio y la protección económica a través de medidas fiscales.

Además de la contratación pública, la sensibilización e información desde el Ente Público de Radiotelevisión de la Región de Murcia, la accesibilidad global, el acceso a la vivienda de protección pública, o la participación de las entidades de iniciativa social en el análisis, evaluación, diagnóstico y proceso de toma de decisiones.

Para garantizar la transversalidad de toda acción de Gobierno, el anteproyecto establece el deber de implementar protocolos de coordinación en las políticas de la Administración autonómica en materia de salud, educación, protección social y empleo, para que las respuestas sean más eficaces y cercanas a las necesidades de los ciudadanos con discapacidad.

En el desarrollo de medidas de protección de los derechos de las personas con discapacidad merecen mención especial las encaminadas a la protección de la mujer con discapacidad, por la concurrencia de una doble discriminación, y las de atención inclusiva, tanto en el ámbito sanitario como en los ámbitos educativo, social, laboral y cultural.

Asimismo, se amplía el concepto de perro de asistencia y se incorpora el reconocimiento de la condición de perro de asistencia, para lo que se otorga un papel principal a los centros de adiestramiento regionales.

Respecto a la ampliación del concepto de perro de asistencia, junto con los perros guía, de aviso, de apoyo o de servicio y de señalización de sonidos, actualmente contemplados, es necesario incorporar a este concepto los llamados perros de terapia y perros de protección contra la violencia de género.

La nueva norma consta de 77 artículos, agrupados en siete títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria y cinco disposiciones finales.