Montoro y Montero
Cristóbal Montoro y María Jesús Montero, en el traspaso de la cartera de Hacienda. EFE

La aprobación de los Presupuestos Generales para este año —con su subida generalizada de pensiones al ritmo del IPC, sus rebajas fiscales a los rentas más bajas y su expansión de inversiones en infraestructuras— ha sido el motivo que ha alejado a España del objetivo de déficit marcado por Bruselas para este año.

"Ese impulso fiscal hará que el déficit público se sitúe en el 2,8% en 2018, aumentando el déficit estructural", dicen los expertos de BBVA Research en su último informe de situación económica, que suma cuatro décimas a su anterior previsión para este ejercicio. De no haberse aprobado la última expansión fiscal, dicen, "el ciclo económico podría haber reducido el desequilibrio en las cuentas en casi nueve décimas de PIB en 2018". Es decir, se habría logrado el 2,2% comprometido.

No será así. Según el BBVA, este año solo se reducirá tres décimas por "las políticas discrecionales adoptadas en los Presupuestos de 2018" y en 2019, dicen, pendientes de evaluar las medidas que se incluyan en los presupuestos del próximo año, se espera que se reduzca al 2,1%: tres décimas más de lo previsto por el Gobierno de Sánchez y casi un punto más de lo que se había prometido a Bruselas hace pocos meses con el Ejecutivo del PP.

"Existe incertidumbre sobre el alcance y dirección de las políticas que podrían aprobarse de cara a mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo", zanjan los expertos de la entidad. Tardar más en corregir el déficit provocará una menor reducción de la deuda —de hecho el BBVA sumas tres décimas a su estimación de este año (96,7%) y el siguiente (94,2%)— pero también ofrece aristas positivas ante los proximos nubarrones que se ciernen sobre la economía.

"Esa política fiscal más expansiva y la relajación de los objetivos de estabilidad presupuestaria contrarrestan algunos de los vientos de frente que tenemos, como el mayor precio del petróleo o la desaceleración de la zona euro", dice Rafael Doménech, responsable de Análisis Macroeconómico del BBVA.

La nueva senda de déficit pactada con Bruselas contempla un déficit del 2,7% en 2018 (cinco décimas más de lo previsto), del 1,8% en 2019 (otras cinco más), 1,1% en 2020 (seis décimas más) y del 0,4% en 2021, una fecha en la se iba a presentar un superávit del 0,1%. No será así, según el nuevo Gobierno, que aplaza a 2022, un ejercicio después, el que sería el primer beneficio fiscal del país después de 15 años.

"Objetivos coherentes con la evolución económica, con las necesidades sociales del país y con las estimaciones del Banco de España, la AIReF y la Unión Europea", dijo Sánchez ayer durante su comparecencia en el Congreso.

En BBVA Research, sin embargo, mantienen "dudas" sobre las políticas que se implementarán para reconducir el déficit. Unas dudas que parten de origen doble: uno, que los gastos en pensiones siguen incrementándose cada año un 3% por motivos demográficos —y es la mayor partida de los presupuestos— y dos, que los próximos dos años acogerán elecciones europeas, territoriales y generales... y eso incentiva un aumento del dispendio en busca del voto.

El viernes se aprobará la nueva senda de déficit

El Gobierno prevé presentar este jueves a las comunidades autónomas la nueva senda de déficit y deuda hasta 2021. Será durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, le comunicará a las regiones la ampliación del margen del déficit para 2019 del 0,1% al 0,3% para que dispongan de 2.400 millones más de gasto, tal y como ayer avanzó el presidente Pedro Sánchez en el Congreso.

La reunión dará para más. Montero informará a las autonomías de los avances en la reforma de la financiación autonómica —algo que exigen abordar al Gobierno con urgencia incluso desde las regiones socialistas— y les propondrá crear un grupo de trabajo para intentar coordinar los tributos propios de cada comunidad; armonizar el impuesto de sucesiones y donaciones podría estar en el punto de mira, según informa este miércoles El Economista.

La senda fiscal se aprobará el viernes en Consejo de Ministros y después, antes de que acabe este mes, se aprobará el techo de gasto de 2019 que servirá al Gobierno de Sánchez para empezar a elaborar los nuevos presupuestos. Este llamado techo, que técnicamente se llama 'límite de gasto no financiero' no se vota en el Congreso —el Ejectuvo solo informe sobre él al hemiciclo— pero sí se vota la senda fiscal que se incluye en los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El Congreso votará esta senda fiscal el martes 24 de julio y el Gobierno espera contar para ello con el apoyo de Podemos y del PNV para sacarlos adelante. Después llegarán al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, por lo que previsiblemente será rechazada. En todo caso, esto no es un obstáculo para la elaboración de los Presupuestos de 2019, que deberían presentarse antes de octubre.