Sede de Lactalis
Un camión sale de una planta de Lactalis en Francia. AGENCIA ATLAS

Un informe de la comisión de investigación del parlamento francés señala a la multinacional Lactalis  como responsable directa por los casos de contaminación de salmonela que afectaron a decenas de niños por los alimentos para bebes, que habían salido de una de sus plantas de producción.

El escándalo estalló el pasado mes de diciembre cuando se hizo público un brote de salmonela generado en las torres de secado de Craon (donde se fabricaba leche en polvo), que afectó a decenas de niños en Francia pero también en otros países a los que se exportaron los alimentos para bebés contaminados.

En 2017 hubo 37 niños enfermos por la misma bacteria procedente de productos Lactalis, entre ellos hubo un pequeño del País Vasco. A raíz de este escándalo varios productos fueron retirados, entre ellos Puleva Bebé, Damira y Sanutri como medida de precaución por la aparición de varios casos de salmonela en Francia.

Los parlamentarios franceses que han trabajado en este informe, subrayan que Lactalis no supo gestionar las diferentes señales de alerta sobre la contaminación de sus productos en la planta de Craon (oeste de Francia). Pero consideran que la cadena de fallos no se limitó al gigante lácteo.

Las investigaciones hacen notar que los grupos de distribución no actuaron como debían para retirar con celeridad y eficiencia las leches en polvo y otros productos sospechosos.

"Los ciudadanos, los padres, las madres saben que encontraron en las estanterías (de las tiendas) productos contaminados. Eso no debe ocurrir nunca más", subrayó el presidente de la comisión de investigación, Christian Hutin, en declaraciones a la emisora France Info.

Otro de los problemas, fue la falta de independencia de los encargados de llevar a cabo los controles de esos productos, ya que en muchos casos los laboratorios que hacen los análisis pueden depender hasta en un 90 % de la actividad con una sola empresa. Eso es lo que sucedía con Lactalis, señaló el diputado a Europe 1.

Hutin hizo notar que su comisión de investigación no tiene como misión "ni castigar, ni juzgar" sino "proponer soluciones para que eso no vuelva a pasar", y por eso presentó 49 propuestas en torno a tres ejes.

El primero va dirigido a los fabricantes para que hagan controles con más rigor y que sus controladores sean a su vez controlados por otros. La idea es que se les impongan sanciones económicas cuando incumplan la deontología en el sistema de verificaciones.

El segundo, es una reorganización de los servicios de control de la Administración, que actualmente están divididos entre el antifraude del Ministerio de Economía, los equipos del Ministerio de Sanidad y los del departamento de Agricultura. En su lugar, proponen que se cree una especie de "policía sanitaria" que dependería de la Dirección General de la Alimentación, del Ministerio de Agricultura, y para la que se podrían crear 700 puestos financiados en particular por un futuro canon pagado por los fabricantes.