El Gobierno de Nicaragua ejecutó este martes un nuevo ataque armado contra una población del país, esta vez en la ciudad de Masaya, una de las que mayor resistencia ha opuesto al Ejecutivo, pese al repudio local e internacional, y con un saldo de al menos tres fallecidos, que se suman a una lista de más de 350 personas muertas en la crisis.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega tomó el control de Masaya, a 29 kilómetros al sureste de Managua, tras un intenso bombardeo, de más de 7 horas, con énfasis en la comunidad indígena de Monimbó. "Cayó Masaya, todo está en silencio, los chavalos debieron abandonar las trincheras y huir, sus armas eran demasiado pesadas", dijo a una integrante del Movimiento 19 de Abril Masaya, al culminar el ataque.

Durante la intervención gubernamental, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, llamó a los habitantes de Masaya a resguardarse en lugares seguros, "ante el acoso armado" de las "fuerzas combinadas" del Gobierno.

"Llorando por todos los muertos y rezando por sus familias, hago, con todas mis fuerzas humanas y espirituales, un llamado a las conciencias de todos, para lograr una tregua, y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional, para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis", dijo en un emotivo mensaje de audio el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, sin éxito.

Policías y simpatizantes sandinistas celebraron con cantos y bailes la toma por la fuerza de las armas de de Masaya, con cantos que decían: "Aunque te duela, aunque te duela, Daniel aquí se queda".

La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, llamó este martes al Gobierno de Nicaragua a poner "fin inmediato a la violencia".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó asimismo al Ejecutivo que "ya existe un marco para detener la violencia y abrir canales de diálogo que eviten más pérdidas de vida".

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió también "enérgicamente" a Daniel Ortega que frene los ataques contra Masaya, una de las ciudades que mayor resistencia ha opuesto al mandatario.

En un mensaje en Twitter, el secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Paco Palmieri, exigió el fin inmediato del ataque supuestamente perpetrado por las llamadas "fuerzas combinadas" del Gobierno nicaragüense, integradas por policías, efectivos antimotines, parapoliciales y paramilitares.

El Gobierno nicaragüense, por su parte, expresó su "más enérgica protesta" por las "declaraciones parcializadas" de la ONU, que denunció que la ley de terrorismo aprobada por el Parlamento el lunes, puede usarse para criminalizar las manifestaciones en el país.

Bajo esa nueva ley, el Gobierno de Nicaragua procesó este martes a los líderes rurales Medardo Mairena y Pedro Mena, a pesar de que fueron capturados antes de su aprobación, lo que mereció el repudio de la líder campesina Francisca Ramírez, una de las mujeres más influyentes del país.

El rechazo alcanzó al jefe de la bancada sandinista en el parlamento nicaragüense, Edwin Castro, quien fue expulsado de un supermercado por la incomodidad de los clientes, que le gritaron "asesino, degenerado, genocida".

Los congresos de Costa Rica y Uruguay, así como el canciller de Chile, Roberto Ampuero, y la Conferencia Episcopal de Colombia, rechazaron la violencia en Nicaragua, no así el Legislativo de Guatemala, que no se puso de acuerdo. El disidente sandinista y exvicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, manifestó que la crisis ha mostrado a Ortega como un "carnicero" y un "salvaje".

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo cual ha negado el Ejecutivo.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.