Inmigrantes
Algunos de los rescatados por Salvamento Marítimo a su llegada al puerto de Tarifa. EFE

Los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles sin necesidad de justificar su residencia en España, si los servicios sociales constatan que su país no puede abonar esta cobertura.

Así lo establece el borrador de real decreto, al que ha tenido acceso Efe, que establece la cobertura sanitaria para todas las personas, tanto para las que se encuentran en situación regular, que son la mayoría, como las procedentes de países que no puedan sufragar esta asistencia o que no cuenten con un tercero, por ejemplo un seguro médico, que pueda abonarla.

Así, para los inmigrantes irregulares, la norma excluye la obligatoriedad de acreditar el periodo mínimo de empadronamiento de 90 días, que preveía la Ley de Extranjería para obtener la residencia temporal.

Serán lo servicios sociales de las comunidades, a través de un informe previo, los que tengan la potestad de acreditar y conceder el derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros que no hayan superado el periodo de estancia temporal a la que se refiere la Ley de Extranjería, es decir los 90 días.

Para los inmigrantes que residen en España de manera regular, las comunidades autónomas serán las encargadas de fijar los requisitos y la documentación que deben aportar para obtener cobertura sanitaria.

Además, el decreto modifica la reforma sanitaria de los populares de tal forma que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España abonarán sólo un 40 % del precio de los medicamentos prescritos.

El acceso a la sanidad para todos supone un "gran cambio"

Por su parte, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha indicado este martes, que garantizar el derecho al acceso a la salud a todas las personas supone un "gran cambio", es bueno para la salud individual y pública, y da seguridad jurídica a las comunidades autónomas al armonizar la norma.

"La filosofía es vincular la asistencia sanitaria universal de manera integral a la condición de ciudadanía y no de asegurado, porque la salud es un derecho. (...) Esto es bueno para la salud individual pero también es bueno para la salud colectiva, para la salud pública, además representativo de ser España una sociedad decente que no deja a nadie al margen", ha sostenido la ministra.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Montón ha aclarado que se garantizará "el derecho al acceso a la salud de manera integral a todas las personas que están en España", tanto a españoles y residentes como quienes están en "situación de vulnerabilidad por estar en una situación administrativa irregular".

La ministra considera que la medida supone "un gran cambio" porque hasta ahora no había seguridad jurídica ni armonía en la norma: "Cada comunidad autónoma lo había ido salvando como había podido, con un grado alto de litigiosidad con el Ministerio, con recursos de inconstitucionalidad, pero sobre todo con inseguridad jurídica para las comunidades autónomas y para los profesionales".

Montón ha defendido que el decreto armoniza la norma, da seguridad jurídica y también garantía de derecho. Asimismo, ha negado que vaya a tener un impacto económico o sobrecoste para el sistema sanitario, ya que es "mucho más gravoso" atender en puerta de urgencias que en atención primaria.

Madrid pide "rigor" al Gobierno ante asusntos tan importantes

La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez "un mínimo de rigor" a la hora de exigir a las autonomías que presten atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, ya que esta medida -que Madrid ya está aplicando durante esta legislatura- debe ser cuantificada e ir acompañada de recursos económicos suficientes.
Así lo ha dicho el vicepresidente madrileño y portavoz del Ejecutivo, Pedro Rollán, preguntado por la circular que el Ministerio de Sanidad envió a las comunidades autónomas hace unos días en las que plantea que la atención sanitaria para los migrantes debe ofrecerse desde el primer minuto, sin necesidad de tarjeta de la Seguridad Social o de empadronamiento y con los medicamentos subvencionados.

Sanidad mandó esta circular a las comunidades autónomas el pasado día 3, y en ella se explicaba que los gobiernos regionales disponían "de tan solo 24 horas para presentar alegaciones", según Rollán, quien en este sentido, se ha quejado del escaso tiempo ofrecido cuando se trata de un tema "tan importante como la prestación sanitaria universal".Tras recordar que Madrid durante esta legislatura ya está garantizando esta asistencia sanitaria universal , "y por lo tanto, el Gobierno de la nación llega tarde" a la propuesta.

El portavoz del ejecutivo regional ha explicado que la Comunidad de Madrid ha pedido formalmente una ampliación del plazo para alegar. "En esa convocatoria que efectúa el Ministerio de Sanidad no se identifica el número de personas a las que afecta esta medida, ni existe una memoria económica para determinar el alcance económico y, por tanto, el esfuerzo presupuestario que tendrán que hacer los madrileños, que son los que financian la sanidad pública universal", ha señalado. Reiterando, que esta asistencia ya la está prestando Madrid, pero ha exigido "un mínimo de rigor" al Gobierno central para que cuantifique y presupueste con recursos económicos suficientes la iniciativa.