En un comunicado recogido por Europa Press, estas seis entidades -Asociación Ciclista de Valladolid (Asciva), Valladolid Ciudad Sostenible, Facua, CGT y Ecologistas en Acción- han planteado esta reclamación y han recordado que "se van a cumplir ocho meses sin que el Ayuntamiento haya dado respuesta" a las alegaciones formuladas en el primer período el año pasado.

Ahora, cuando señalan que se prevé abrir un segundo plazo, han reclamado que éste tenga una duración de entre dos y tres meses para "poder analizar en detalle la nueva documentación" y presentar propuestas si fuera necesario "con la mayor precisión y el mejor conocimiento para garantizar un proceso participativo".

"Todas las implicaciones urbanísticas, de movilidad, en materia de vivienda, sobre necesidades ferroviarias o referentes a efectos sobre la salud expuestas en el primer documento de alegaciones demandan de nuevo un periodo de tiempo razonable de análisis en la nueva propuesta de Revisión", en opinión de los seis colectivos.

Las alegaciones conjuntas que presentaron en diciembre de 2017 estos seis colectivos recogían su punto de vista sobre el documento de Revisión del PGOU aprobado inicialmente por el Ayuntamiento

de Valladolid el 24 de julio de 2017 y en él, "junto a propuestas ante problemas urbanísticos, de vivienda, necesidades ferroviarias, de movilidad y de salud", estas seis organizaciones pedían que "se corrigiera la confusión que generan los documentos sobre el Plan Rogers y se sometiera la Revisión del PGOU a un nuevo proceso de exposición pública, además de solicitar una contestación a las alegaciones en esta nueva fase en el más breve plazo.

"Han pasado casi ocho meses y todavía no conocemos la respuesta municipal a nuestras primeras alegaciones y a las que realizaron otras muchas asociaciones y personas", han afirmado estos colectivos, que señalan que "están en juego asuntos muy importantes para la ciudad, tal es el caso del denominado Plan Rogers, una pieza urbana trascendental.

La opción que el Ayuntamiento de Valladolid tomó en la aprobación inicial fue la de una "asunción parcial" de la propuesta vigente pero sin precisar las partes que se mantenían y las que eran objeto de modificación".

"Tan imprecisos eran los términos que, a los pocos días de la finalización del periodo de alegaciones, el equipo de Gobierno presentó a los medios de comunicación una ubicación de la estación de autobuses al otro lado de las vías que suponía cambios significativos en la ordenación del tráfico de la zona", han recordado.

Las seis organizaciones señalan que también observaron "varios problemas relacionados con las políticas de movilidad en forma de contradicciones y falta de claridad entre los diversos documentos municipales que se refieren a la movilidad", como el PGOU, Pimussva y Agenda Local 21.