Urna de votación del referéndum del 1-O.
Una urna de votación del referéndum del 1-O. EUROPA PRESS - Archivo

El magistrado del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha archivado un total de 43 denuncias presentadas por diversos lesionados por la actuación de la Policía Nacional en seis colegios electorales de la ciudad el 1 de octubre.

En la mayoría de casos dice que la actuación policial fue proporcionada y en otros que no hay imágenes de los hechos descritos en las denuncias o los agentes presuntamente responsables no han sido identificados plenamente.

También archiva las reclamaciones de los directores de los centros por los destrozos causados por la actuación policial.

En diversas interlocutorias bastante similares, avanzadas por 'VozPopuli' y confirmadas  por fuentes jurídicas, el juez asegura  que aquel día "los agentes de la policía recibieron órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de impedir la utilización de locales públicos para la celebración del referéndum.

En este sentido, el juez concluye que "corresponde al Estado el monopolio del uso de la fuerza, que ejerce mediante los cuerpos y fuerzas de seguridad". "El uso de la fuerza es legítimo siempre que haya una justificaciónb para esto y se realiza con la debida proporcionalidad", concluye.

Escuelas de jóvenes de Trinitat Vella

El juez investigó la denuncia del responsable del centro que se quejaba de los desperfectos y un total de siete denuncias presentadas por diversos votantes en esta escuela que alegaban haber sufrido "un golpe en la mejilla" o haber recibido el impacto de una porra, entre otras situaciones.

Los informes de lesiones indicaban erosiones, contracturas o hematomas. El juez contó como pruebas con tres fotografías y diversos videos que sumaban 6 minutos y 20 segundos.

Los agentes se presentaron en el colegio y "a su llegada se encuentran con la puerta de hierro del patio cerrada. Unos agentes consiguen saltar el muro del patio y abrir la puerta desde dentro. Los agentes cruzan el patio e intentan acceder al edificio. Este acceso inicialmente no es posible, ya que hay un grupo de personas congregadas en la puerta, formando un tapón humano. Los agentes, para entrar al edificio se ven obligados a arrastrar a estas personas y, vista su negativa a moverse, y al estar cogidas entre ellas, a golpearlas".

"En el video que engloba lo sucedido, no aparece ninguna actuación individual o colectiva de los agentes que pueda considerarse desproporcionada, ya que se limitan a apartar a las personas que entorpecen la tarea policial, bien empujándolas, bien arrastrándolas en casos en los que no acceden a moverse", finaliza.

CEIP Aiguamarina

Casi idénticos argumentos utiliza el juez en el caso de las cinco denuncias presentadas en el CEIP Aiguamarina del barrio del Verdum del distrito de Nou Barris. "No se ve ninguna agresión innecesaria o gratuita, ni tan solo la patada del agente" a uno de los denunciantes "que o era arrastrado para salir o bien se le movía de otra manera".

En este caso, el juzgado contaba con tres videos que sumaban 1 minuto y 11 segundos. En uno de estos videos se aprecia cómo dos agentes se dirigen a uno de los denunciantes y "le ordenan que se retire y se vaya y uno de ellos ante la inmovilidad del denunciante le da una patada". Posteriormente "en el video, al fondo, se observa cómo se incorpora".

IES Víctor Català

El juzgado investigó cinco denuncias presentadas por votantes de la escuela Víctor Català, en la Prosperitat, también en Nou Barris. En este caso hay un video de un minuto y 46 segundos grabado desde el interior del centro. "Se puede ver cómo los agentes entran por una puerta doble, con marco entre ellas, en un espacio más bien reducido y que hay personas sentadas en el suelo y en los lados.

En las imágenes se ve cómo los agentes apartan a una mujer que acaba "dándose golpes con el marco que hay entre las dos puertas". "Es empujada con la única finalidad de liberar el espacio existente y en cumplimiento de la orden desalojo (...) el choque con el marco de la puerta no es intencionado", añade el juez, que destaca cómo otras personas se fueron por su propio pie del lugar. 

CEIP Estel

Por los hechos acaecidos el 1-O en este centro, el CEIP Estel, ubicado en la calle Felip II del barrio de Navas de Barcelona, se presentaron un total de 16 denuncias ante las que el juez decidió abrir diligencias por la presunta comisión de delitos contra la integridad moral y lesiones con hematomas, contusiones, traumatismos y fracturas.

Según las denuncias, los agentes actuaron con violencia: "Le hizo caer al suelo y recibió una patada en las costillas", "tiraron de él con fuerza, siendo arrastrado por el suelo", "fue arrastrada por diversos agentes , que se la fueron pasando de uno a otro", "la cogió por la cabeza y por el cabello", "la dejaron caer al suelo, siendo ella una mujer de 74 años de edad".

A pesar de ello, el juez concluye que "no se ha conseguido obtener ningún registro de los hechos acontecidos, ni en video ni en fotografía, que permita identificar a los agentes denunciados". El magistrado concreta que aunque están identificados los policías que actuaron en cada centro, "no pueden imputarse los hechos a ninguno de ellos, por lo que procede a acordar el sobreseimiento provisional de las denuncias presentadas". También ha archivado la denuncia por desperfectos presentada por la directora del colegio.

Escola Tomàs Moro

En la escuela Tomàs Moro, en el barrio de Canyelles, la actuación de la policía provocó "unos desperfectos" en la puerta del centro, pero el juez alega que la razón queda explicada en el informe policial remitido al respecto, según el cual, los agentes "se vieron en la necesidad de fracturar algunas puertas del edificio para conseguir acceder". "No hay ningún elemento que pueda sugerir desproporción", dice la interlocutoria, en la que el juzgado confirma también el archivo de esta denuncia en contra del recurso presentado por la Generalitat.

IES Joan Boscà

En el instituto Joan Boscà, en Pedralbes, se presentaron cinco denuncias, todas ellas archivadas porque no hay imágenes de los hechos descritos en las mismas, como el hecho de que uno de los denunciantes dijo haber sido lanzado por las escaleras por parte de la policía.

"El hecho de ser lanzado por unas escaleras por cuatro personas supondría, en principio, la causación de lesiones más graves que las presentan los denunciantes por lo que, sin unas imágenes que permitan valorar la actuación policial, no podemos considerarla inicialmente delictiva", dice la interlocutoria.

Además, el director del centro también denunció la ruptura de 10 puertas y la confiscación de ordenadores, pero esta reclamación también ha sido archivada.


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