Imagen exterior de la cárcel de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada (Bacelona)
Imagen exterior de la cárcel de Lledoners, donde están exconsellers presos. GENERALITAT DE CATALUNYA

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha declinado este lunes la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez interceda ante la Fiscalía a favor de una rebaja de las peticiones de pena en el proceso contra los líderes independentistas presos.

En rueda de prensa, ha avalado también que el Tribunal Supremo pueda juzgar por delitos diferentes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont –a quien el tribunal alemán extraditaría solo por un supuesto delito de malversación- y al resto de presos y exiliados, para quienes el juez Llarena y la Fiscalía mantienen peticiones de procesamiento por rebelión y sedición.

Ábalos ha respondido de este modo las manifestaciones del vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, que el jueves después de entrevistarse con su homóloga, Carmen Calvo, instó el gobierno de Sánchez a utilizar los instrumentos que tiene "a su alcance" para liberar a los presos.

"No, no haremos nada", ha afirmado Ábalos, que ha añadido que si el Gobierno actuara en esta dirección "sería el reconocimiento de un escándalo ante la independencia del fiscal".

Según el número dos del PSOE, "al Gobierno no se le puede apelar para que intervenga respecto a la Fiscalía ni en este sentido ni en otro".

En rueda de prensa en la sede del PSOE de la calle Ferraz después de la ejecutiva del partido, Ábalos ha afirmado que tampoco comparte los argumentos del independentismo que apuntan que no tendría sentido juzgar Puigdemont por malversación y al resto de procesados por delitos de rebelión, que comportan penas más graves.

Será el proceso judicial, ha añadido, quién tendrá que determinar "individualmente" las responsabilidades de cada cual y "políticamente" no queda claro que el proceso estuviera liderado por una sola persona "porque hay responsabilidades que no estaban en el Gobierno".

Turull, Sànchez y Turull piden la libertad

Los diputados de JxCat en el Parlament Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull han pedido a la sala segunda del Tribunal Supremo su puesta en libertad provisional tras "la normalización política" que se está viviendo actualmente en Catalunya y aseguran que dejarles libres contribuiría a rebajar la tensión social.

En el escrito, los políticos ponen como ejemplo de dicha normalización "las recientes reuniones entre los presidentes Pedro Sánchez y Joaquim Torra y diversos encuentros entre ministros y consellers, así como el hecho de que las instituciones catalanas --tanto parlamentarias como de gobierno-- no hayan incurrido en desobediencia" en la actual legislatura.

Aseguran que existe un importante consenso de que la actual situación de prisión provisional de diversos diputados "no contribuye, sino todo lo contrario, a resolver la compleja situación política que se vive en Catalunya y que, por el contrario, su encarcelamiento es un factor que genera evidente tensión social".

En el documento, el abogado de los tres políticos, Jordi Pina, augura que la situación de tensión se puede agravar en los meses próximos, cuando se conmemoren fechas significativas como el 11 de septiembre o el 1 de octubre, y añade que la puesta en libertad contribuirá "a rebajar dicha tensión social y a facilitar la búsqueda de soluciones políticas a unos problemas cuyo trasfondo es esencialmente político y no judicial".

Además, en esta línea, subraya que Turull, Sànchez y Rull han expresado reiteradamente "su compromiso con la legalidad y la voluntad de alcanzar sus objetivos políticos por medios pacíficos y democráticos".

Apela "a la coherencia de la Administración de Justicia española en su conjunto" ya que, a sus ojos, cuesta entender que condenados en primera instancia a penas graves de prisión como los de Gürtel, Caja Madrid y Lezo, e incluso La Manada, continúen en libertad mientras que los tres políticos independentistas siguen en prisión, desde hace entre seis y nueve meses.

"Llama poderosamente la atención --y debería mover a la reflexión al Tribunal Supremo de España sobre su sensibilidad garantista-- que los tribunales de países como Alemania, Reino Unido o Bélgica estén dejando en libertad a personas pendientes de extradición pese a su escaso arraigo en aquellos países y que, en cambio, aquí se encarcele preventivamente durante tantos meses", argumentan.

El abogado, del despacho Molins & Silva, recuerda que sus tres clientes acudieron siempre voluntariamente al llamamiento judicial y por dos veces, y que "hecho de que ya entonces otros procesados hubieran decidido marchar al extranjero no fue óbice para su presentación voluntaria".

Y reclama que el hecho de que otros procesados no hayan acudido a las citaciones judiciales "nunca debería ser razón para empeorar la condición de quienes, pudiendo perfectamente haber huido, decidieron en su momento acudir al llamamiento judicial".

Los dos exconsellers y el exlíder de la ANC también alegan el arraigo familiar de los procesados, todos ellos son padres de familia y progenitores de hijos menores o jóvenes por lo que piden "garantizarse el derecho de los hijos a poder disfrutar de la compañía de sus padres", además de que sus padres son de avanzada edad.