Un hombre de nacionalidad brasileña de 33 años propietario del club Pigalle, en Meis (Pontevedra), ha sido detenido y puesto a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Cambados, que ha decretado su ingreso en prisión con una fianza de 12.000 euros, acusado de presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual por obligar a prostituirse bajo "coacciones y amenazas" a tres mujeres que habría traído engañadas desde Venezuela.

Las víctimas, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años, llevaban tres meses en España en situación irregular cuando, en la noche del pasado 9 de julio, agentes del Equipo de Mujeres y Menores (EMUME) de la Guardia Civil de Pontevedra acudieron al burdel tras tener conocimiento -a través del puesto de la Benemérita en Cambados- de que habría dos mujeres sometidas a explotación sexual.

Las jóvenes han declarado que se les había prometido venir a trabajar a un hotel como "camareras, haciendo camas y limpiando habitaciones".

Sin embargo, al llegar al establecimiento, el propietario supuestamente les reclamó 3.000 euros en concepto de deuda por los billetes y los gastos del viaje; una cantidad que podían devolver "poco a poco y que aún así les sobraría poder enviar dinero para mandar a su país y ayudar a sus familias", ha explicado la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, en su primera visita a la Comandancia de la Benemérita en Pontevedra.

MACHISMO

En su comparecencia acompañada por el coronel de la Guardia Civil de Pontevedra, Jorge González, y la responsable del EMUME, Lucía González, Maica Larriba ha calificado la explotación sexual como una forma de "violencia machista" y ha asegurado que el tráfico de seres humanos será "una de las banderas" que enarbolará al frente de la Subdelegación, estando "permanentemente en contacto" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sobre el Grupo especializado de Mujeres y Menores, responsable de esta investigación, lo ha destacado como "pieza clave" en la "detección" de este "sensible y cruel" ámbito de explotación de personas.

Así, ha anunciado la próxima convocatoria en la sede gubernamental de una reunión conjunta entre responsables de la Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra -con los que esta mañana ha mantenido también otro encuentro- y de la Comandancia de la Guardia Civil para poner en común datos en materia de seguridad y de actuaciones relacionadas con sus respectivas competencias.

OPERACIÓN ABIERTA

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra ha precisado que la investigación sigue "abierta", a expensas de que las indagaciones de los agentes permitan descubrir otras irregularidades.

El club Pigalle había sido motivo de al menos dos inspecciones anuales en los últimos cinco años, de las que habían resultado delitos de contrabando y consumo de drogas. El propio dueño del local de alterne, que reside legalmente en Meis, tiene antecedentes penales, según ha confirmado Jorge González.

Estas inspecciones periódicas responden, como ha explicado González, al mandato del Ministerio de Interior que, "si es posible" se incrementan en número y también en caso de "sospecha".

En esta línea de trabajo, la Guardia Civil colabora con la Policía Nacional y las delegaciones de la Inspección de Trabajo a nivel estatal y autonómico para verificar la validez de la documentación correspondiente.

Jorge González ha lamentado que a pesar de estos controles, "es preocupante que haya una víctima" pero que el hecho de que no se detecte su presencia "no es que no exista". "Tristemente es lo que sucede, muchas llegan engañadas, con amenazas reales y es complicado", ha explicado sobre la actitud de las afectadas por estas mafias ante su temor a las represalias.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Por ello, Maica Larriba ha hecho un llamamiento a la "importante colaboración ciudadana", argumentando que estos locales suelen situarse "en entornos rurales donde los vecinos más próximos pueden detectar" estas situaciones.

Se trata de "víctimas muy vulnerables desde el punto de vista económico y psicológico", ha añadido la subdelegada, al verse sometidas a una "presión muy cruel".

En este sentido, y desde un plano personal, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra ha calificado de "positivísimo" el ingreso en prisión del detenido, aplaudiendo la medida adoptada por el juzgado de Cambados.

Sobre el estado en el que se encuentran las mujeres rescatadas, y en virtud de los protocolos de colaboración suscritos para estos casos con diversos organismos, Javier González ha señalado que se encuentran en un centro de "acogida" cuya ubicación no ha precisado por razones de seguridad.

"Lo normal es que se instruya un expediente para legalizar su situación" o incoar un expediente de expulsión, aunque también cabría la posibilidad de que "quieran volver" a su país de origen, ha añadido la subdelegada.

Las víctimas de este presunto proxeneta eran forzadas a prostituirse en jornadas de hasta 11 horas consecutivas, hasta el extremo de ser "penalizadas económicamente" cuando no trabajaban, incluso enfermas, ha relatado Maica Larriba.

A cambio, solo recibían un plato de comida al día y durante el tiempo que permanecieron prácticamente cautivas -ya que solo "esporadicamente" podían salir del club- "en ninguna ocasión han podido enviar dinero a Venezuela". Al cabo de tres meses de padecer esta situación, "aún siguen debiendo entre 1.400 y 2.400 euros", han declarado las víctimas.

Entre el material incautado en esta operación "importante", como la ha definido la subdelegada, la Guardia Civil ha hallado un cuaderno con nombres de mujeres y cantidades de dinero "a modo de contabilidad", que supuestamente adeudaban.