Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) se ha desligado de la denuncia elevada a la Fiscalía por dos de los agentes de la Policía Local de dicha localidad contra la alcaldesa, Rosario Andújar (PSOE), el edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Juan Antonio Jiménez, y el jefe accidental de la Policía Local, Antonio Navarro, entre otros, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y otros contra la administración pública.

El principal hecho que denuncian los agentes es la supuesta "orden general de no denunciar" que tiene dada la alcaldesa socialista y, en caso de hacerlo, "de no tramitar las denuncias que los agentes impongan, salvo aquellas que ella diga". "La alcaldesa, a través de distintas maquinaciones, obliga a que la Policía actúe a su arbitraria voluntad, de manera que, para ganarse el favor de su pueblo, tiene dispuesto expresamente al responsable de Negociado de Sanciones y al delegado de Seguridad para que le transmitan al jefe de la Policía Local y éste a su vez a los agentes que no se interpongan denuncias como regla general", un hecho que, según los denunciantes, puede constituir un presunto delito de prevaricación, señala la denuncia, que ha dado lugar a diligencias previas del Juzgado número uno de la localidad, según un auto recogido por Europa Press.

Media además sobre el asunto, por cierto, que uno de los agentes denunciantes ya había denunciado previamente a la alcaldesa y al jefe accidental de la Policía Local de Osuna, entre otros, por una presunta situación de acoso.

En cualquier caso, y según las fuentes consultadas por Europa Press, la sección del Sppme en el Ayuntamiento de Osuna, ante esta denuncia, ha manifestado a sus afiliados que el Sindicato "no apoya y se desvincula rotundamente de estas acciones judiciales".

"El único objetivo de nuestras reivindicaciones ha sido la de conseguir unas condiciones laborales dignas y nuestra tan ansiada equiparación con el resto de plantillas policiales, un objetivo que hemos conseguido entre todos, además de mejorar las relaciones con el Ayuntamiento", señala la dirección local del Sppme, entendiendo que estas acciones judiciales "se mueven tan sólo por intereses particulares que no representan a la plantilla".