Durante la conferencia de análisis de la sentencia de este viernes, Pasquau ha criticado también que, tras los hechos probados -el vídeo grabado, los mensajes de WhatsApp, la posesión de drogas y el estado en el que se encontró la víctima- "se rebaje el concepto de consentimiento al de tolerancia".

"Los cinco acusados sabían lo que querían antes de dar con la víctima, hay pruebas de ello", y ha añadido que consiguieron hacerlo sin necesidad de violencia porque no hubo oposición, ya que la víctima no se esperaba que los hechos se desarrollarían así.

Asimismo, ha considerado interesante el recurso de la defensa a la sentencia, "una segunda oportunidad para volver a valorar pruebas", y ha dicho que es una obligación que el Tribunal Supremo (TS) de Navarra quede convencido de todos los hechos.

Pasquau también ha considerado que "existe un sesgo patriarcal" y que falta formación en materia de género en el ámbito de la justicia, así como una mejora en el sistema de oposiciones, fortalecer la cultura del juicio y trabajar la diferencia entre lo decisivo y lo motivacional.

Por otro lado, el abogado Marc Molins ha mencionado que "había una tercera hipótesis que no se consideró: una víctima anulada por el efecto de drogas", un delito contemplado en el código penal que se sustrajo al no encontrar restos de sustancias estupefacientes cuando se analizó a la víctima.

"Esto podría explicar por qué no opuso resistencia", y ha añadido que, desde su punto de vista, es incomprensible que no se contemplara una acusación por registrar un vídeo -no autorizado por la víctima- del acto, un delito que podría llegar a los cuatro años de condena.

LAS CRÍTICAS A LA SENTENCIA

Acerca de la repercusión social de esta sentencia, ambos han coincidido en que es un caso "complejo e interesante desde el punto de vista del debate". Sin embargo, Molins ha añadido que debe mejorarse el lenguaje jurídico porque dice que la mayoría de la población no entiende las sentencias.

Ha defendido que "la población tiene derecho a criticar y manifestarse contra las sentencias", sin embargo ha hecho un llamamiento al equilibrio institucional porque cree que el caso de La Manada ha marcado un punto de inflexión que pone en juego el poder judicial.

"No todo vale, debe haber límites a las críticas de los magistrados porque no tienen capacidad de réplica ante la sociedad, se manifiestan con sentencias", ha dicho haciendo referencia a una petición en Change.org -firmada por 1.416.306 personas- que exigen la inhabilitación de los magistrados encargados de dictar sentencia en el juicio de La Manada.