Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno EUROPA PRESS

Así lo ha explicado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, María Victoria Broto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha indicado que esta norma "quiere reconocer los distintos tipos de familia en igualdad de derechos y obligaciones".

Ha añadido que la futura ley incluye medidas que pretenden dar respuesta a cuestiones como la conciliación familiar y laboral, la baja natalidad o la despoblación.

Según ha detallado, el anteproyecto de ley contempla ayudas a familias que se corresponsabilicen en la atención a un menor en el periodo del permiso de maternidad. De esta forma, se otorgarán ayudas a las madres que compartan el disfrute de su derecho de subsidio por nacimiento, adopción o acogimiento familiar con el padre en las diez semanas opcionales previstas.

También podrán obtener ayudas aquellos padres que se hayan acogido a su permiso por nacimiento, adopción o acogimiento y quieran extenderlo a través de una excedencia, antes de que el hijo tenga 3 años.

El tercer tipo de ayudas serán por nacimiento, adopción o crianza de menores de 3 años con objeto de fomentar la natalidad, privilegiando a las familias en situaciones sociofamiliares vulnerables y teniendo en cuenta la realidad territorial de Aragón.

FUNCIÓN SOCIAL

El anteproyecto de ley remarca las cambiantes funciones sociales que desempeñan las familias, así como en su morfología y modos de organización y hace hincapié en el compromiso con la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros así como en la necesaria corresponsabilidad, ha relatado la consejera.

Así, el texto refuerza, en su título preliminar, elementos clave como la pluralidad familiar, la corresponsabilidad, la eliminación de obstáculos que dificulten el desarrollo de cada uno de los miembros, la atención a las situaciones de vulnerabilidad económica o a otras circunstancias.

Además, la norma potencia el concepto de corresponsabilidad de género como aspecto clave para facilitar la conciliación y refuerza la necesidad de colaboración interinstitucional y con otros agentes sociales y económicos. Para ello, quiere impulsar la sensibilización y reconocimiento de nuevas masculinidades y paternidades, han comentado desde el Ejecutivo.

Por áreas, en el ámbito educativo se recupera el domicilio familiar como criterio prioritario para la elección de centro educativo, se consideran especialmente las necesidades en materia de conciliación de las familias monoparentales, numerosas y aquellas con personas discapacitadas o dependientes a su cargo, entre otras.

En el área de empleo, se impulsa el reconocimiento a aquellas empresas que faciliten la conciliación a sus trabajadores y trabajadoras y en el ámbito público se incluye la creación de una Comisión de Igualdad de Función Pública.

En lo que se refiere a los servicios sociales, se incluyen espacios de ocio compartido que posibiliten la convivencia intergeneracional.

MEDIDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS

El anteproyecto de ley adecua las medidas del ámbito de vivienda a las recogidas en la nueva normativa aragonesa y vinculadas a la vivienda sociales y la atención de las familias con necesidades especiales. También potencia la atención a las familias en el medio rural.

El anteproyecto de ley incluye, además, medidas en materia de movilidad que en la anterior norma no se contemplaban, ajustándolas a la normativa en esta materia y relacionadas con el ajuste de tarifas a algunas familias y la consideración específica de las necesidades de las familias en el medio rural.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Este anteproyecto de ley es el documento de partida en un proceso de participación al que se convocarán a entidades sociales, agentes sociales y representantes de las Administraciones, entre otros. Todos ellos podrán presentar aportaciones que se valorarán y podrán ser admitidas para enriquecer el documento actual.

La consejera Broto ha considerado que ese proceso será rápida ya que para la redacción del proyecto se ha contado ya con diferentes entidades. A su entender, podría aprobarse definitivamente por el Gobierno de Aragón y enviarse al Parlamento para su tramitación el próximo mes de octubre.

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