Así lo ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que ha incidido en que esta nueva ley "transforma la concepción asistencialista propia de visiones caritativas de las antiguas políticas sociales en una concepción moderna de derecho subjetivo y alcance universal".

El texto reconoce y garantiza el acceso al sistema público valenciano de servicios sociales a todas las personas con residencia en la Comunitat y que necesiten de los servicios, adaptándose este a las personas y no viceversa.

Con esta iniciativa el Consell quiere blindar la normativa en materia de política y servicios sociales con el objetivo de garantizar los derechos reconocidos a la ciudadanía y, según ha indicado Oltra, la valenciana es la primera autonomía que los declara por ley servicios de interés general y esencial.

NUEVO MODELO SOCIAL

Se trata de una apuesta por un nuevo marco social valenciano con la transformación del modelo burocrático y asistencialista a uno sostenible y duradero "que ponga en el centro a las personas", promoviendo su autonomía personal y su inclusión social, estableciendo un catálogo mínimo de servicios.

Entre las principales novedades, la norma regula los niveles funcionales del sistema: atención primaria (básica y específica) y atención secundaria de carácter residencial.

Asimismo, se delimita el territorio para garantizar la equidad en el acceso, estableciendo una zonificación con demarcaciones territoriales y un mapa de servicios sociales donde se identifican las necesidades y su cobertura.

También incorpora el derecho subjetivo de acceso al sistema de servicios sociales, garantizando crédito presupuestario, y delimita las formas de colaboración entre las diferentes entidades locales y la Generalitat.

La norma dota de estabilidad financiera al sistema, generando los convenios plurianuales con las entidades locales que en el marco de personal y prestaciones, tendrán una duración de 5 años y en el de programas de 3 años.

Oltra ha explicado que las prestaciones del plan concertado pasarían, por parte de la Generalitat de 21 millones en 2018 a 50 millones en 2021, y si se tienen en cuenta también las aportaciones de diputaciones y ayuntamientos llegarían a 81 millones.

En cuanto al personal, se pasaría de 2.500 trabajadores actuales en el sistema social de atención primaria a 5.300 profesionales en 2021.

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES

La normativa también incluye, ha agregado la vicepresidenta, la creación del Instituto Valenciano de Formación, Calidad e Investigación en Servicios Sociales para promover la calidad en los servicios, prestaciones y recursos humanos de la red pública.

Se apuesta por la generación de una aplicación integrada de gestión de los Servicios Sociales, creando la historia social única y compartida, que será interoperativa y conectada con otras bases de datos, simplificando el trabajo profesional y disminuyendo la burocracia actual, permitiendo que el tiempo se dedique a las personas.