Las actuaciones son el resultado del trabajo conjunto que realizan Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil en La Rioja y funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico en esta Comunidad Autónoma.

Ambas se llevaron a cabo en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja, durante las inspecciones que realizan los funcionarios a toda la documentación que presentan los opositores para la obtención de los diversos permisos de conducción.

El ciudadano de Malí utilizó un NIE falsificado con su fotografía y los datos personarles del suplantado. Esta persona posee un amplio historial delictivo por hechos de similares características llevados a cabo en las Jefaturas de tráfico de Cuenca, Guadalajara y Valencia.

El de origen pakistaní utilizó el NIE verdadero del compatriota al que suplantaba, dado que se parecían físicamente. La suplantación se descubrió una vez que los agentes valoraron las diferencias faciales y biométricas de este individuo con la fotografía del documento que aportó.

Citado suplantador posee amplio historial delictivo por estafas, falsificación documental y usurpación de estado civil, además le constan detenciones en Alcañiz (Teruel), Castellón de la Plana (Castellón) Palma de Mallorca (Baleares) y Villanueva de la Serena (Badajoz), tras haberse presentado a examen para la obtención del permiso de conducir utilizando la identidad de otras personas.

Con estas detenciones se ha impedido que los suplantados (residentes en Barcelona y Madrid) obtengan de manera fraudulenta el permiso de conducción español, careciendo de todos los conocimientos relacionados con la seguridad vial, normas de circulación, señales, etc., lo que hubiera supuesto un problema de inseguridad para el resto de ciudadanos que circulan por las carreteras del país.

Suplantadores y suplantados se enfrentan a penas de entre seis meses y tres años de prisión y multa de seis a doce meses, según el artículo 392 del Código Penal.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.