Comisión de Ecomasa
Comisión de Ecomasa EUROPA PRESS - Archivo

El fiscal del caso Ecomasa ha recurrido en apelación el auto que deniega la incorporación a la causa del dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Cantabria. El recurso ha sido impugnado por uno de los dueños de Ecomasa investigados en la causa, Andrés de León.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide la revocación del auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, y que se acuerde en su lugar la unión de la documentación de la comisión de investigación del Parlamento al procedimiento.

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó a finales de mayo el dictamen de la comisión de investigación sobre el fallido proyecto empresarial de la fábrica de estufas de pellets en Maliaño, que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales.

Ese dictamen se elevó a la Fiscalía, que a su vez acordó remitirlo al juzgado que instruye el caso (a raíz de la querella presentada por el comité de empresa en mayo de 2015) y archivar las diligencias abiertas al efecto, en una resolución fechada el pasado 14 de junio y firmada por la fiscal superior, Pilar Jiménez Bados.

En un auto fechado el 15 de junio, al día siguiente, la jueza instructora denegó la incorporación del dictamen del Parlamento a la causa al entender que se trata de "conclusiones de carácter político diferentes según el grupo parlamentario del que proceden, algunas de las cuales se refieren a hechos que ya han sido sobreseídos, y que en modo alguno resultan útiles o pertinentes a los efectos del esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción".

Sin embargo, el fiscal del caso, Enrique Sarabia, entiende que "lo procedente sería la unión a los autos de la documentación recibida del Parlamento de Cantabria, dado que aparte de consideraciones de carácter político que obviamente son ajenas a esta jurisdicción, también se contiene una imputación concreta de delitos a personas determinadas".

"Delitos que ya son objeto de investigación en este procedimiento, -añade- sin que la propia existencia de la comisión de investigación parlamentaria o algunos de los datos aportados en las conclusiones sean algo ajeno o indiferente a este procedimiento, y ello sin perjuicio de la valoración probatoria que pueda darse a su contenido".

En su recurso de apelación, el fiscal expone que los hechos reflejados en las conclusiones de los diferentes grupos parlamentarios son idénticos a los hechos objeto de la presente causa, es decir, la investigación del destino de la inversión pública realizada en el llamado proyecto Ecomasa, así como de la gestión de las sociedades implicadas en el proyecto.

Añade que la existencia de consideraciones políticas en tales conclusiones "no obsta para que también se describan hechos de apariencia delictiva y se inste a su investigación penal".

Y explica que la decisión de la Fiscalía "resulta absolutamente obligada", dado que conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), debe procederse al cese e inmediato archivo de las diligencias cuando se tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.

Sin embargo, entiende que dado que la documentación recibida del Parlamento no obra ya unida a los autos, "resulta procedente su incorporación a la causa".

El fiscal argumenta que la comunicación a la Fiscalía de un hecho de apariencia delictiva con identificación incluso de los autores, en este caso por decisión de una institución como es el Pleno del Parlamento, "no deja de ser una denuncia a quien tiene legalmente obligación de investigarlo, y en tal sentido igualmente estas conclusiones en cuanto denuncia habrían de unirse al proceso judicial ya incoado por los mismos hechos".

"La respuesta a esta comunicación no puede ser simplemente el archivo por la Fiscalía (archivo que es obligatorio, según lo expuesto), ni mucho menos la incoación de otro procedimiento judicial por los mismos hechos (que indefectiblemente conduciría a una acumulación procesal)", concluye el fiscal.

En esta causa, en la que están imputados Andrés de León y Angel Lavín, están personadas como acusación particular las empresas públicas ICAF y Sodercan, además de los trabajadores.

IMPUGNACIÓN DE ANDRÉS DE LEÓN

El recurso del fiscal ha sido impugnado por la defensa de Andrés de León, que argumenta que las conclusiones del Parlamento, "se llamen documental o se llamen denuncia", "no aportan de facto nada nuevo a la causa".

Añade que "más bien será perjudicial pues obligará a esta defensa a solicitar la práctica en sede judicial de todo lo actuado en sede parlamentaria a los efectos de poder acreditar que tales conclusiones no se ajustan a la realidad de lo acontecido, no se ajustan a derecho, y no tiene eficacia probatoria alguna, dando lugar a que se alargue artificial e innecesariamente la presente instrucción".

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