El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, entidad independiente de control de transparencia y protección de datos creada merced a la Ley autonómica de Transparencia Pública, ha reconocido el derecho de los ciudadanos a conocer la partida presupuestaria destinada a los concejales por su asistencia a las sesiones plenarias de sus ayuntamientos y diputaciones, así como los gastos de desplazamiento y la identificación de aquellos que cobran dichas cantidades.

Con motivo de una reclamación presentada contra el Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla), gobernado por Emilio José Gordillo (PSOE), y ante la "ausencia de respuesta" por parte del Consistorio a facilitar dicha información relativa a diferentes partidas presupuestarias, la autoridad de control considera que, con toda evidencia, "se trata de información pública accesible".

El sentido de este dictamen del Consejo, según la entidad, viene amparado por el artículo 16 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Dicho artículo señala que es una obligación de publicidad activa "la información sobre los presupuestos con descripción de las principales partidas y datos actualizados y comprensibles sobre su grado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas", paraguas bajo el que se incluyen los datos solicitados.

Pero con independencia de la exigencia de difundir esta información en la sede electrónica, la Ley de Transparencia concede al ciudadano otra vía de acceso a través del derecho a información pública. En este punto, la ciudadanía puede solicitar "todo aquel contenido o documento, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de las entidades públicas, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

Sin ninguna duda, el Consejo considera que la petición del reclamante al Ayuntamiento de La Luisiana está conectada con el derecho que tiene la ciudadanía a conocer cómo se emplean los recursos públicos y cómo funcionan o se organizan las instituciones.

Con todo ello, es oportuno recordar que todas las personas tiene derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la propia legislación de transparencia (seguridad nacional, defensa, secreto profesional, etc), de lo que se desprende que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser limitada si se aplican motivadamente alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación.