La Mesa del Empleado Público de la CAIB ha ratificado este jueves esta medida, dirigida a todo el personal que depende de la Comunidad, tanto de Servicios Generales, de Salud, de Educación -incluyendo la concertada-, y las empresas y entes del Sector Público Instrumental.

Según UGT, el incremento salarial alcanza a 38.100 efectivos divididos entre los 14.000 del ámbito de la enseñanza, los 16.000 del sanitario, los 5.600 de servicios generales y los 2.500 del sector público instrumental; además, han señalado que el resto de Administraciones tendrán su propio calendario, pero los incrementos serán similares.

En esta mesa participan las Consellerias de Hacienda, Educación y Salud, y representantes de los sindicatos UGT, CCOO, STEI, CSIF, Simebal y FSES. La reunión ha estado presidida por la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera y también ha asistido el director general de Función Pública, Pedro J. Jiménez.

La subida salarial que se aplica es del 1,5 por ciento fijo para 2018, con efectos desde el día 1 de enero de 2018, más un variable del 0,25 por ciento que se aplica a partir del mes de julio en función del cumplimiento del crecimiento económico igual o superior al 3,1 por ciento. Es decir, que el pago se hará efectivo este mes con efecto retroactivo con el aumento del 1,5 por ciento desde enero más el incremento adicional, según el acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y el Gobierno central que ha entrado en vigor con la aprobación definitiva de los PGE 2018.

Los presupuestos autonómicos ya contaban con una reserva, de forma que el Govern dispone de 26,6 millones para afrontar la subida salarial. De hecho, la subida prevista en el acuerdo del pasado 9 de marzo incluye también subidas a tres años, entre 2018 y 2020. Según Cladera, debe servir para que "los empleados públicos puedan recuperar una parte del poder adquisitivo perdido durante los años en que sus salarios se han mantenido congelados o recortados".

El incremento salarial de 2018 se añade a la subida del 1 por ciento aplicada en 2017. Cladera se ha mostrado "satisfecha" con la medida porque "va en la línea de recuperación de derechos y de mejora de la función pública que defiende el Govern". En esta línea, ha recordado otros acuerdos como la recuperación de la carrera profesional, de la paga extra de 2012 o de la compensación de la baja por incapacidad transitoria al 100% del salario a partir del quinto día.

La consejera también ha destacado "la apuesta firme" del Govern por "la estabilidad del empleo público", con la convocatoria de oposiciones y el compromiso de "reducir la temporalidad".

CCOO BALEARES VALORA EL INCREMENTO SALARIAL

Por su parte, CCOO Baleares ha valorado en un comunicado el acuerdo que permite el incremento salarial y las medidas "para estabilizar y consolidar la plantilla en el sistema público de las Islas".

Según ha explicado el sindicato, en la reunión se han tratado otros puntos relacionados con el despliegue de la Ley de Presupuestos, como la tasa de reposición o la conciliación, que se abordará también desde los presupuestos autonómicos.

El sindicato ha señalado que es necesario reducir la tasa de inestabilidad al 8 por ciento y que el Govern tiene previsto trabajar en los acuerdos sobre flexibilidad horaria después de verano, entre otros asuntos.

En cuanto a la recuperación del 100% de las bajas por enfermedad, CCOO ha explicado que la consellera les ha trasladado que en Baleares ya existe una mejora en este sentido, pero que tienen que ver cómo quedará en el resto del Estado para analizar si se puede mejorar más.

Desde CCOO han celebrado la información transmitida por la consellera y cree que este despliegue del acuerdo por la mejora del empleo público supone estar "en el camino de la recuperación de derechos" y por tanto "de la mejora de las prestaciones de servicios públicos para la ciudadanía".

Igualmente, UGT ha indicado que también se ha planteado la necesidad de reducir la carga lectiva del personal docente y la mejora de las ratios, y que en materia de ofertas públicas de empleo "se continuará con la estabilización de las plantillas".

Paralelamente, la FeSP-UGT ha solicitado que se implemente una bolsa horaria de un 5 por ciento de la jornada anual para temas relacionados con la conciliación laboral y personal. UGT también ha informado de que "ha habido unanimidad de la parte social en eliminar medidas discriminatorias por razón de género entre el personal de los servicios públicos, evitando la perdida de retribuciones por maternidad y paternidad".