El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte que la documentación que la comisión de investigación del accidente de Angrois pidió al juzgado que instruye la causa entraña "riesgo de confusión" entre ambas actuaciones, la del Congreso y el proceso judicial sobre el siniestro.

Un informe jurídico remitido al juez el pasado 2 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la solicitud parlamentaria de información "tiene un carácter global u omnicomprensivo referido a la totalidad de las actuaciones contenidas en las diligencias previas", de ahí el "riesgo de confusión".

En concreto, la comisión solicitó al juzgado de instrucción número 3 de Santiago dos autos (el que el 6 de octubre de 2015 cerraba la instrucción solo con el maquinista como investigado y el que el 13 de enero de 2016 rechazaba todos los recursos contra esta decisión), las declaraciones del maquinista y del interventor del tren Alvia accidentado en sede judicial y los tres informes elaborados por los peritos designados judicialmente.

Mientras, a la Audiencia Provincial de A Coruña le demanda el auto de 30 de septiembre de 2014, con el que dejó sin efecto la imputación (por parte del primer juez instructor) a las 12 personas que en el momento de la inauguración de la línea Ourense-Santiago, en la que se produjo el descarrilamiento que ocasionó 80 muertes y 144 heridos, formaban parte de la cúpula del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif).

En estos momentos, casi cinco años después de la tragedia (ocurrida el 24 de julio de 2013), el caso, con su segundo juez al frente, mantiene a siete personas investigadas. Por un lado está el maquinista, imputado desde el primer momento por imprudencia profesional grave, ya que circulaba con un exceso de velocidad a pocos kilómetros de la curva de A Grandeira, junto al barrio compostelano de Angrois, tras atender una llamada del interventor.

Por otro, figuran también como investigados tres altos cargos, dos de Adif y uno de Renfe, y tres técnicos de la consultora pública Ineco, todos ellos también por imprudencia profesional grave, en relación con la posibilidad de que el análisis de riesgos preceptivo fuese deficiente, de modo que no detectó peligros que podrían subsanarse con medidas de seguridad.

GUILLAUMES A PASTOR Y ESTA A LESMES

Junto al informe emitido por el gabinete técnico, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, envió al titular del juzgado un escrito en el que le informa de la solicitud de documentos "con el fin de que valore y resuelva lo que proceda en derecho".

Esta comunicación responde a otra previa, a mediados de junio, entre el presidente de la comisión de investigación del siniestro, el diputado de PDeCAT Feliu Guillaumes, y la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, a la que trasladó la petición.

Pastor, que era ministra de Fomento en el momento del accidente y que es una de las citadas para comparecer en la comisión, hizo llegar la demanda a Lesmes.

EL INFORME DEL GABINETE TÉCNICO

Así las cosas, el informe jurídico del CGPJ recoge unos antecedentes, unas consideraciones generales (que establecen, entre otras cuestiones, que la colaboración informativa de una autoridad judicial con una comisión de investigación tiene como límite "infranqueable" el respeto a la independencia judicial) y, a continuación, otras de carácter particular.

Entre estas últimas, el CGPJ sostiene que "la investigación parlamentaria no puede afectar a las resoluciones judiciales ni incidir sobre la labor de los tribunales".

"En el presente caso", resalta la "relevancia de determinadas diligencias" solicitadas, como "declaraciones prestadas a cabo en sede policial y juzgado e informes policiales y documentación anexa a esta de todas sus piezas".

Recuerda, al respecto, que el Tribunal Constitucional ha señalado que "es preciso evitar toda confusión entre la labor investigadora que puedan llevar a cabo las asambleas autonómicas o las Cortes Generales y aquella que corresponde a los órganos integrantes del poder judicial".

En este contexto, considera "procedente" pedir al juez que informe sobre la fase y estado procesal de las actuaciones. Una vez remitida esta información, Lesmes podrá resolver.

BRONCA EN LA SEGUNDA JORNADA

Precisamente a raíz del veto a una prueba que consta en el sumario judicial, el audio del maquinista en su comunicación con Atocha tras descarrilar el tren, la segunda jornada de comparecencias en la comisión estuvo marcada por una bronca.

La decisión de Guillaumes de no reproducir la grabación derivó en bronca parlamentaria cuando el diputado de ERC Gabriel Rufián intentó sortear el veto reproduciendo el sonido, provocando protestas desde otros grupos.

En su comparecencia ante la comisión, el propio maquinista, Francisco José Garzón, pidió que los diputados escucharan íntegra aquella conversación, que en su día se dio a conocer parcialmente dejando ver que el maquinista reconocía ir a más velocidad de la permitida, pero omitiendo la parte en la que decía que él mismo ya había avisado de la peligrosidad de la curva.