Así lo ha señalado en rueda de prensa antes de la celebración de una jornada de formación en la que han participado la secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, María Jesús Serrano, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Julio González.

Ruiz Espejo ha hecho hincapié en que esta acción formativa ha estado dirigida a los cargos públicos socialistas de la provincia de Málaga, así como a técnicos y responsables de contratación de las administraciones "con el objeto de explicar el contenido de la nueva ley, que entró en vigor en el primer trimestre de 2018 y que ha cambiado toda la norma de contratación de las administraciones públicas en nuestro país", ha explicado.

"Queremos favorecer la formación de nuestros cargos públicos de manera que conozcan las leyes en el ámbito de la administración pública donde desempeñen responsabilidades", ha dicho Ruiz Espejo, quien ha puesto en valor "el avance en el ámbito de la transparencia para evitar cualquier tipo de corrupción, por eso debe haber un cumplimiento estricto de la normativa en materia de contratación".

Por su parte, María Jesús Serrano, que ha sido ponente de la nueva ley, ha manifestado que esta normativa de ámbito nacional "obliga a tener ese celo y transparencia en la utilización de los recursos públicos y de cada céntimo de euro público que se gestiona por parte de los responsables en las administraciones", ha expresado.

"Para mí es una doble satisfacción que el PSOE de Málaga haya realizado esta jornada de formación, la nueva ley es una trasposición de la normativa europea basada no solo en la transparencia sino en la publicidad, la posibilidad de que los autónomos y pymes accedieran la contratación pública y que hubiera criterios ambientales y sociales", ha manifestado.

De esta manera, Serrano ha resaltado que se favorece que "ese 20 por ciento del PIB que supone la contratación pública en nuestro país llegue a todas las empresas y cooperativas, también de la economía social, que quisieran presentarse a la licitación de contratos públicos". "Las administraciones tienen que tener paredes de cristal para que el ciudadano sepa en que se gasta cada euro", ha añadido.

Así, la también diputada socialista en el Congreso ha recordado que el anteproyecto de ley que presentó el PP "no nos gustaba, por eso presentamos 400 enmiendas para lograr una ley transparente que también protegiera a los trabajadores que, por primera vez, engloba no solo a los del sector público sino también a los de las empresas subcontratadas", ha concluido.

En este mismo sentido se ha expresado el catedrático Julio González, quien ha asesorado al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso durante el debate parlamentario del texto legal. "El hecho de que sea una ley con muchos controles no elimina la posibilidad de que la administración contrate de forma rápida, eficaz, de forma sostenible y protegiendo a los trabajadores", ha dicho.

"Es una ley de eficacia y de transparencia en la utilización de recursos por la administración pública que, por su complejidad, exige formación para los responsables en las instituciones", ha concluido.