La norma es necesaria para ajustarse a la realidad social actual. La aprobación de distintas normativas (como la Ley de Dependencia o la Ley de Renta Básica), los cambios sociales y nuevas necesidades consecuencia de fenómenos migratorios, el envejecimiento de la población y las necesidades de apoyo a las familias, así como la exigencia de mejorar los Servicios Sociales hacen imprescindible la aprobación de una nueva ley.

Entre las novedades de la norma, que derogará la actual Ley 3/2003, 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, destaca el concepto de 'derecho subjetivo a las llamadas prestaciones garantizadas', reconocimiento que supone que las personas titulares podrán reclamar en vía administrativa y jurisdiccional el cumplimiento del derecho a las prestaciones y servicios que reconoce la ley. Las prestaciones garantizadas vendrán recogidas en el Catálogo de Servicios Sociales de la Ley.

El anteproyecto recoge los principios de universalidad en el acceso e igualdad, de atención personalizada (según las necesidades específicas de los destinatarios del sistema) e integral, así como de continuidad y equidad.

Para dar cumplimiento a los principios, se regulan nuevos instrumentos fundamentales: la Historia Social única, el Programa Individual de Atención Social, el Profesional de Referencia, la Tarjeta de Información Social, el Sistema de información de Servicios Sociales y el mapa de servicios.

En la organización territorial de los Servicios Sociales se han configurado dos niveles: Primaria o de primer nivel de atención y Especializados o de segundo nivel de atención.

La ley, según recoge el anteproyecto, está conformada por 114 artículos, 3 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales.

Por último, la nueva Ley fomenta la participación social, incorporando, junto a los órganos de participación ya existentes (como el Consejo Regional de Servicios Sociales) la Mesa de apoyo al Tercer Sector, con la finalidad de institucionalizar la colaboración, cooperación y el diálogo entre la Administración y la Plataforma del Tercer Sector.