La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, adelantó ayer que el Gobierno quiere evitar descuelgues injustificados a nivel empresarial e impedir así que las empresas dejen de aplicar lo pactado por convenio sin una justificación real.
Su mensaje fue posterior al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió a los agentes sociales por la mañana, en el que marcó como prioridades devolver la prevalencia al convenio sectorial y limitar la subcontratación, lo que supone revertir medidas de la reforma laboral del PP.
"El descuelgue o la inaplicación ha de ser un mecanismo excepcional para las empresas que acrediten verdaderas dificultades", apostilló Valerio, tras afirmar que apuestan por recuperar el papel protagonista de la negociación colectiva y rescatar el convenio sectorial frente al de empresa, algo que se debilitó tras la reforma de 2012, porque es "más garantista".
En su intervención en la Comisión de Trabajo en el Congreso, subrayó que el Ejecutivo quiere rescatar el convenio sectorial y devolverle el papel de instrumento de negociación principal, dado el equilibrio que asegura "entre los sujetos negociadores" y por ser un elemento de flexibilidad, distribución y solidaridad entre partes.
"Dado nuestro tejido productivo, abrumadoramente compuesto por pequeñas empresas, el convenio empresarial es susceptible de no reflejar fielmente el equilibrio de las partes", dice Valerio, que prioriza la recuperación "real" de la negociación colectiva que hasta ahora estaba "realmente debilitada".
"Filosofía barata"
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha restado hoy importancia a los descuelgues empresariales porque afectan a "muy pocas empresas", al tiempo que ha recordado que éstos no son sólo salariales, ya que algunas empresas inaplican aspectos del convenio diferentes a los retributivos. "Es un tema de escasa importancia", ha dicho Rosell al ser preguntado por la intención de la ministra Valerio, de endurecer las inaplicaciones injustificadas.
En declaraciones a Capital Radio, Rosell señaló que cerca del 90% de los trabajadores están amparados por convenios sectoriales, una cifra que no varió con la reforma laboral. "Los convenios más importantes son los sectoriales provinciales. En las empresas hay mucho convenio, 4.500, pero sólo representan al 11% (de los trabajadores). Esa es la realidad. Lo demás es filosofía barata", ha resumido.
Los tres aspectos sobre convenios que cambió la reforma de 2012
- Descuelgue. Se facilitó que los empresarios que atravesasen dificultades económicas, y las justificasen, pudieran desvincularse del convenio de su sector y decidir las nuevas condiciones de trabajo. De no alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, cualquiera de las partes podría acudir a la Comisión Consultiva de convenios Colectivos o sus equivalente autonómicos, que nombraría un árbitro y resolvería en 25 días como máximo.
- Prioridad. Los convenios de empresa empezaron a tener prioridad sobre los de ámbito superior.
- Ultraactividad. Se puso fin a la ultractividad indefinida de los convenios que los mantenía indefinidamente en vigor mientras se negociaba el nuevo y se limitó a un año. Este punto lo quiere modificar también el Gobierno después que los agentes sociales lo pactasen en el IV Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva. "Aseguraremos que el convenio se mantenga vigente en tanto se esté negociando activamente el nuevo que haya de sustituir al ya vencido", resalta Valerio.
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