En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide por un lado dos años por un delito de construcción ilegal en suelo no urbanizable, en concurso real con delito de desobediencia, por el que pide nueve meses más y la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante dos años.

El fiscal señala en su escrito que el promotor no solicitó autorización ni licencia municipal iniciando las obras y continuándolas sin obedecer la paralización decretada el 9 de marzo de 2016 y notificada al acusado el día siguiente cuando agentes de la Policía Local precintaron las obras. Por estos hechos, este hombre será juzgado el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal número 1.

El Ayuntamiento pudo comprobar la continuación de las obras el 13 y 22 de marzo y el 16 de mayo y 6 de junio de ese mismo año a pesar de las advertencias de los agentes, por lo que fue incoado un expediente de restauración de la legalidad urbanística ese mismo mes al ser las obras incompatibles con la legalidad, decretando su demolición.

Por estos hechos las obras fueron paralizadas por auto judicial en febrero de 2017 y se ha tasado el coste de la demolición en 1.487,84 euros, cantidad que el Fiscal le pide como responsabilidad civil.