Zorrilla ha subrayado el trabajo de los inspectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo, "más aún si tenemos en cuenta los escasos medios que tienen y que son los primeros sorprendidos cuando ven cómo las mismas denuncias que ellos tramitaron les vuelven a llegar años después".

En esta segunda reunion de la comisión de investigación de infracciones urbanísticas solicitarán la presencia de dos jefas al ser "las máximas responsables a título administrativo de dichos expedientes". "Sus declaraciones son muy importantes, porque de confirmarse lo que sospechamos resulta de una extremada gravedad pues podríamos hablar de delito de prevaricación", ha expuesto.

El concejal se ha preguntado por qué de esas casi 12.000 infracciones se han tramitado sólo poco más de 2.000 o por qué en el tramo de 2006 a 2011, más de 1.000 expedientes han sido archivados sin trámite alguno. "Son muchos los expedientes en los que habiéndose demostrado la existencia de una ilegalidad, han sido archivados sin trámite alguno, algo a lo que no podemos dar explicación posible", ha incidido.

Para Zorrilla los datos "son muy claros". "De los 11.834 expedientes de este periodo de 2006-2016, unos 8.500 siguen sin resolver, lo que supone un 70 por ciento, mientras que unos 3.150 expedientes han sido resueltos y archivados aunque se ha comprobado la existencia de ilegalidad", ha afirmado.

Además, ha continuado, en los años 2006, 2007 y 2008, el porcentaje de expedientes en espera está rondando el 50 por ciento "llevando así más de diez años abiertos, enlazando esta situación de irregularidad con las declaraciones que hizo en su momento la que fuera responsable de este departamento, quien fue cesada contra su voluntad por el equipo de gobierno porque la obligaban a prevaricar y ella no quería".

"O existe una responsabilidad directa por parte de los jefes de la GMU o hay unas directrices políticas para que se actúe de esta forma", ha finalizado.