Juicio contra el exalcalde de Cacabelos 9-7-2018
Juicio contra el exalcalde de Cacabelos 9-7-2018 EUROPA PRESS

La denuncia fue interpuesta por una vecina de Cacabelos y según lo relatado en el auto "se desprende que Adolfo Canedo Cascallana, durante el tiempo en que ejercía su puesto como alcalde del Ayuntamiento, contrató los servicios de una letrada externa para llevar el ejercicio de una acción penal mediante querella contra dos vecinas de Cacabelos, conocer de la escasa o nula posibilidad de éxito por cuanto los hechos sobre lo que se formulaba la querella se fundamentaban en advertencia que éstas efectuaban en sus escritos de formular actuaciones en el orden penal contra el propio alcalde por actuaciones u omisiones de su competencia".

Durante el juicio oral, Canedo ha asegurado que se vio "obligado" a firmar y dar el "visto bueno" al certificado por el que se le acusa del delito "estuviera de acuerdo con él o no". Al respecto, ha explicado que en 2011 cuando llegó a la alcaldía "el Ayuntamiento de Cacabelos estaba en quiebra total y no existían registros de las cuentas entre los años 2001 y 2002".

Del mismo modo, el exalcalde de Cacabelos ha señalado que tampoco había registro de la liquidación de las cuentas de los años 2003,2004 y 2005 y que las cuentas de 2006 se realizaron en 2008 con "serias falsedades". Ante la situación de "colapso" a su llegada al Ayuntamiento en 2011, que no percibía ingresos y que también dejó de percibir tributos al no poder hacer las cuentas entre los años 2007 y 2010, ha reconocido haberse puesto con la secretaria para "buscar una solución".

Por ello, Canedo ha apuntado que pidieron ayuda al Consejo de Cuentas y al Ministerio de Hacienda para revertir el problema de un ayuntamiento en "números rojos" y la única solución que les dieron fue cuadrar las cuentas de esos años en los que no se realizaron las cuentas como pudieran, por lo que realizaron un expediente y lo aprobaron posteriormente en el pleno del ayuntamiento.

Una situación por la que Canedo se ha mostrado "convencido" de que tanto él como la secretaria no han faltado a la verdad en el documento firmado por ambos para arreglar el problema de las cuentas de las que no había registro desde 2001 cuando él entró a la alcadía en 2012.

La Fiscalía pide para el exalcalde de Cacabelos a una pena de 5 años de prisión, una multa de 18 meses con una cuota de 20 euros e inhabilitación especial durante el tiempo de cinco años. Por su parte, solicita para la exsecretaria cuatro años de cárcel, inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como secretaria durante tres años y una multa de 20 euros diarios durante un año.

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