El contexto no es el mismo, pero las formas y el fondo, sí. Las recetas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aplacar tensiones en el País Vasco y en Cataluña pasa por comprometerse tanto con el lehedakari, Íñigo Urkullu, como con el president Quim Torra a estudiar la transferencia de competencias pendientes, la retirada de recursos planteados ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno contra leyes autonómicas y movimientos sobre presos.

Esta última cuestión, la de los presos, es en la que existen más diferencias. Tantas, como que en el caso de los compromisos adquiridos con respecto al País Vasco tienen que ver con personas condenadas por pertenecer a ETA y atentados terroristas, mientras que en Cataluña se trata de políticos que están siendo procesados por su implicación en el proceso soberanista, que se encuentran en prisión preventiva, no han sido juzgados y y sobre los que no existe una condena.

Sin embargo, son los tres aspectos con los que Sánchez pretende mejorar la relación entre el Gobierno central y los gobiernos vasco y catalán, independientemente de las peticiones con las que tanto Urkullu como Torra han acudido a la Moncloa, este segundo este mismo lunes , dentro de una ronda de reuniones con todos los presidentes autonómicos en la que ellos dos han sido los dos primeros recibidos en Madrid.

En dos reuniones, el 25 de junio con Urkullu y este lunes con Torra, Allí, el Gobierno ha rechazado pretensiones como la de lehendakari para transferir al País Vasco la gestión allí de la Seguridad Social. El presidente catalán, por su parte, ha insistido en que su fin es la independencia de Cataluña, pero ha salido conforme de la Moncloa con la nueva etapa de diálogo, a pesar de no obtener ningún compromiso sobre la celebración de un referendum o garantías para los políticos “exiliados” por parte del Gobierno.

No obstante, no todo va a ser “no” por parte de Sánchez y el presidente ha tenido la mano para mejorar las relaciones con dos comunidades de las consideradas históricas y con tensiones nacionalistas e independentistas que van desde los acuerdos entre PNV y Bildu en el Parlamento vasco a favor de una mayor autogobierno hasta un proceso independentista en Cataluña que, si bien parece que ha amainado, no ha concluido.

Transferencia de competencias pendientes

Para ello, Sánchez intenta normalizar relaciones, en primer lugar, abriéndose a transferir a estas comunidades más competencias, en línea con lo que contemplan sus respectivos estatutos de autonomía y que todavía no se han consumado.

De su reunión con Urkullu salió la creación de un grupo de trabajo bilateral y permanente encargado de evaluar y avanzar en las transferencias pendientes. El lehendakari las cifró en 37  y entre ellas subrayó la gestión de la Seguridad Social y centros penitenciarios. Moncloa, de momento, ha comprometido dos, el traspasado de la gestión de las líneas ferroviarias Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Baracaldo.

En cuanto a Cataluña, quedan menos competencias por transferir porque, por ejemplo, una de las que reclama el País Vasco, la de prisiones, ya la tiene. Sin embargo, el Gobierno y la Generalitat también hablarán de las transferencias pendientes en la comisión bilateral que Sánchez y Torra han acordado retomar en su reunión de este lunes.

Bajo la presidencia de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se retomarán las reuniones en la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, en la comisión bilateral de Infraestructuras y en otro foro, la comisión mixta de Transferencias, que, según ha apuntado la vicepresidenta, Carmen Calvo, es una cuestión que no se aborda en otras comisiones bilaterales del Estado y las comunidades autónomas.

Otro de los asuntos en los que coincide Sánchez en ofrecer a País Vasco y Cataluña tiene que ver con el estudio de qué recursos planteados por el Gobierno, por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ante el Tribunal Constitucional contra sus leyes autonómicas pueden retirarse.

El objetivo es, según Moncloa, “reducir la conflictividad ante el Tribunal Constitucional”, donde a día de hoy el Gobierno tiene interpuestos seis recursos de inconstitucionalidad sobre seis leyes del País Vasco y diez sobre normas de Cataluña, que a su vez, ha recurrido 44 normas del Gobierno central.

En este sentido, Moncloa propuso a Urkullu la creación de un grupo que “revisará todos los recursos de inconstitucionalidad presentados contra decisiones del gobierno vasco para buscar una salida a la situación actual”.

De la misma manera, Sánchez se ha comprometido este lunes con Torra a retirar los vetos que existen en el Constitucional contra tres leyes, de carácter social, que fueron aprobadas por el Parlamento catalán y que recurrió el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Se trata de normas de contenido social, que abordan la pobreza energética, el cambio climático o la universalidad de la sanidad pública en Cataluña.

Acercamiento de presos

El aspecto más llamativo, por ser el más que tiene más implicaciones políticas tiene, es el relacionado con los presos. Aun con las evidentes diferencias que existen entre condenados por asesinatos de ETA y los políticos en prisión preventiva por su responsabilidad en el proceso independentista catalán, lo cierto es que Sánchez ha hecho movimientos, antes o después de sus reuniones con Urkully y Sánchez.

Aunque el Gobierno mantiene que son hechos independientes de sus reuniones con los presidentes autonómicos vasco y catalán, la coincidencia en el tiempo y también con que esta sea una reivindicación de Urkullu y Torra llevan a relacionarlos.

Tras reunirse con el presidente español, el lehendakari explicó que se crearía un grupo de trabajo sobre política penitenciaria que, eventualmente, dictamine un plazo para el acercamiento de presos de ETA. Al día siguiente el propio Sánchez apostó por revisar la política penitencia que se aplica a los presos etarras una vez disuelta la banda terrorista y al día siguiente se mostró partidario de acercar a presos mayores de 70 años y enfermos terminales.

Más rápida fue la resolución relacionada con los políticos presos encarcelados de manera preventiva en Madrid y que, según marca la ley, tienen derecho a ser trasladados cerca de sus hogares una vez que termine la instrucción.

En este sentido, el ministerio del Interior preguntó la semana pasada al juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el proceso independentista, Pablo Llarena, si necesitaba practicar más dilegencias y si, en caso contrario, daba su consentimiento para trasladarlos a cárceles catalanas.

El magistrado dio luz verde y al día siguiente empezó el traslado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsellers, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresienta del Parlament Carme Forcadell y los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y de Omnium Cultural Jordi Cuixart.