Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)  declaró la "nulidad absoluta" de la Ordenanza Fiscal número 155, reguladora de la Tarifa del Servicio de Depuración, "por no ser conforme a derecho".

El Tribunal entiende que el Ayuntamiento obró con mala fe puesto que concía la doctrina en contra de sus tesis

En el año 2004, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Salamanca pasó a depender de la gestión municipal, después de haber funcionado inicialmente bajo dependencia del Ministerio de Medio Ambiente. Con ese traspaso, el Ayuntamiento de Salamanca decidió repercutir el incremento sufrido por la empresa concesionaria en el coste de la explotación en una tarifa de pago obligado para los usuarios.

Ante esta medida, el PSOE presentó en el año 2005 un recurso contencioso que fue remitido directamente desde el juzgado de Salamanca hasta el Tribunal Superior de Justicia.

El PSOE de Salamanca, como parte demandante, ha mostrado su satisfacción por este "nuevo varapalo judicial" que beneficiará a los ciudadanos, ya que a partir de ahora "la depuración de agua será una tasa cobrada por el Consistorio y no tendrán que pagar los ciudadanos ni cánones ni los beneficios de una empresa privada".

El auto estima además de que hubo "temeridad y mala fe en su comportamiento (del Ayuntamiento) al originar con su conducta obstinada y porfiada pese a la existencia de una consolidada doctrina en contra en sus tesis, propiciando la existencia del proceso".
Desde 2005 los ciudadanos han pagado siete millones y medio de euros por este servicio

Tal y como estimó, desde el año 2005, los ciudadanos han pagado siete millones y medio de euros, y una parte importante no es el coste del servicio "sino el beneficio de la empresa privada".

Asimismo, la sentencia no considera que el Ayuntamiento o la empresa concesionaria, deban devolver lo recaudado a través de esta tarifa.

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