El Gobierno del Principado ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, el proyecto de ley de medidas en materia de función pública, que contempla una serie de iniciativas derivadas de la prórroga presupuestaria.

La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, ha explicado en rueda de prensa que este proyecto de ley, que espera sea aprobado por el Parlamento en trámite de lectura única este mismo mes de julio, afecta a tres ámbitos: las retribuciones, la carrera profesional y el empleo público.

Así, Carcedo ha manifestado que en cuento a las retribuciones, se

establece el incremento retributivo para empleados públicos para este año. Así, la subida de los sueldos será de un 1,50% hasta el mes de junio y de un 1,75% en el segundo semestre, el máximo permitido por la ley estatal y lo que supone un gasto de 30 millones de euros. Así, el Ejecutivo prevé que en la mínima de julio se puedan ver reflejadas esas cantidades de manera retroactiva.

En segundo lugar, el proyecto de ley impulsa dos medidas en relación con la carrera profesional. Así, se reconoce el derecho de los interinos en los mismos términos que el personal funcionario de carrera y también a los funcionarios de otras administraciones que prestan servicios en el Principado sin destino definitivo.

Para dar esta cobertura, se modifica la Ley de Función Pública. Además, se garantiza mediante ley el segundo nivel de carrera profesional, con el doble importe que el primer tramo, con efectos de cobro a partir del 1 de enero de 2019.

En tercer lugar, se modifica la plantilla de la Administración autonómica y su sector público con el objetivo de crear 103 nuevas plazas que permitirán mejorar los servicios. En concreto, habrá 88 plazas más en el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). De esos puestos, 70 se distribuirán entre varios Centros Polivalentes de Recursos (CPR): Naranco (Oviedo), Riaño (Langreo), Tineo, Castrillón, Pravia y Llanes. Los otros 18 se reservan para la Unidad de Convalecencia sociosanitaria del CPR La Mixta, de Gijón.

Otras cinco plazas serán para el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), con el objetivo de crear una sección de acreditación de competencias profesionales. Las diez plazas restantes se crean en la Consejería de Hacienda para reforzar las funciones, con cinco plazas respectivamente, de dos ámbitos de control tan importantes como son la Intervención General del Principado y la Inspección General de Servicios.

"En total hablamos de un coste que ronda los 53 millones de euros anuales, 32 de ellos ya tendrán efecto en 2018 y el resto a partir de 2019. Unas partidas que salen del propio presupuesto a través de las entregas a cuentas o los recursos de los organismos", ha explicado Carcedo.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el proyecto de ley para la creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del Principado. La iniciativa parte de la petición planteada por la Asociación Profesional de Dietistas-Nutricionistas.

Carcedo ha explicado que el colegio permitirá a estos profesionales contar con la herramienta necesaria para ordenar el ejercicio de su profesión y, al mismo tiempo, será una garantía para los ciudadanos que demanden sus servicios.

Podrán colegiarse todos aquellos que hayan conseguido el mencionado título universitario, establecido en 1998, o una titulación obtenida en el extranjero y debidamente homologada.

Una vez se apruebe la ley, la Asociación Profesional de Dietistas-Nutricionistas, que actuará como comisión gestora, será la encargada de elaborar estatutos provisionales en un plazo de seis meses, que regularán la forma de convocatoria y el funcionamiento de la asamblea constituyente del colegio. Esta asamblea tendrá la misión de ratificar a los gestores del colegio o en su caso nombrar a otros, aprobar los estatutos definitivos y elegir a las personas que ocuparán los cargos colegiados.