Tensión entre Mossos y manifestantes frente a la subasta de inmuebles de la Generalitat procedentes de herencias

  • Medio centenar de personas se han concentrado para reclamar que se conviertan en pisos públicos.
  • Han creado dos cordones para impedir la entrada de los licitadores a la subasta.
  • Han ocupado cuatro inmuebles propiedad de la Generalitat procedentes de herencias.
Un momento de la concentración.
Un momento de la concentración.
ACN
Un momento de la concentración.

Momentos de tensión, empujones y golpes de porra entre Mossos d'Esquadra y el medio centenar de personas de la plataforma Paramos la Subasta que se han concentrado este jueves desde las 8 de la mañana hasta las 12 fuera de las dependencias donde la Generalitat ha subastado 46 inmuebles que ha heredado porque no tenían testamento. Los manifestantes pedían que se destinaran a vivienda social.

Entonando gritos de 'especuladores', miembros de la plataforma han hecho dos cordones a las puertas del edificio de la calle José Agustín Goytisolo de l'Hospitalet de Llobregat donde tendrá lugar la venta pública con el objetivo de impedir la entrada a los licitadores –empresas y particulares que optan a comprar los inmuebles intestats.

De hecho, la subasta tenía que empezar a las 10 horas pero ha comenzado con más de una hora y media de retraso porque había ofertantes que no habían podido entrar.

Algunos han intentado entrar por la fuerza y han recibido empujones de los manifestantes. Además de la policía y los miembros de la Plataforma, fuera del edificio había vallas y cinco vehículos de los Mossos.

Miembros del movimiento "Paremos la subasta" han ocupado este jueves cuatros inmuebles propiedad de la Generalitat, procedentes de herencias intestadas, que estaba previsto que fueran subastados este jueves y que, según denuncia esta plataforma, irán a parar a "fondos buitres".

Dos de los cuatro inmuebles ocupados son un local del barrio del Farró y un piso del Clot, situados en Barcelona, según ha informado la plataforma en su cuenta de Twitter.

Concentración

Medio centenar de miembros de esta plataforma se han concentrado frente al edificio donde se ha celebrado la subasta para protestar por estas adjudicaciones, que se encontraba protegido por los Mossos d'Esquadra.

"Aturem la subhasta" (Paremos la subasta) asegura en un comunicado que la Generalitat ha decidido subastar estos inmuebles "al mejor postor", lo que alimentará "a los especuladores".

La Generalitat prevé obtener un mínimo de cinco millones de euros con esta subasta, que incluye 15 inmuebles en la ciudad de Barcelona y el resto en otras poblaciones catalanas, excepto uno en Vinaròs (Castellón), y las propiedades están distribuidas en 46 lotes separados, ya que uno de ellos está formado por dos inmuebles.

Fuentes de la Conselleria de Economía han explicado que la Generalitat está obligada a convertir en líquido todas las herencias intestadas -de personas que han fallecido sin testamento-, y que con estos recursos adquirirá inmuebles para vivienda de alquiler social.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, aseguró este lunes que la Generalitat destinará "inmediatamente" a la compra de vivienda de alquiler social los recursos que se obtengan de la venta de parte de los 46 inmuebles de herencias intestadas

Estos recursos se obtendrán de la venta de 13 viviendas, un parking, un local y un estudio, incluidos en los 46 inmuebles heredados que se subastarán el jueves y que no se han podido destinar directamente a vivienda socia

La Generalitat puede ejercer el derecho de tanteo y retracto para comprar viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias de los bancos, y Aragonès prevé que se puedan rescatar entre 30 y 40 viviendas de Barcelona y municipios del área metropolitana.

Sobre las declaraciones de Aragonès

La portavoz de Paremos la Subasta, Bàrbara Roch, ha considerado el anuncio de Aragonès "un cheque en blanco". "No está garantizado donde lo destinarán, como lo harán, en base a qué, como lo comprarán, esto no lo sabemos", ha criticado. Por otro lado, Roch ha afirmado que el Govern se comprometió en 2016 "a no vender mas pisos procedentes de herencias intestadas".

Según la portavoz de la plataforma, no piden nada con que "la Generalitat no se haya comprometido ya con anterioridad ".

156 ofertas para 27 lotes

La subasta ha empezado con una hora y media de retraso pero una vez los licitadores han entrado se ha podido celebrar con casi total normalidad, aunque ha habido algún retraso porque no todos los ofertantes han podido acceder a tiempo a la subasta. Los licitadores han presentado un total de 156 ofertas para 27 inmuebles de los 46 que se pusieron a la venta procedentes de herencias intestadas. Alrededor de ochenta licitadores han asistido a la subasta y, según fuentes del departamento de Economía, había el doble de particulares que de empresas.

Antes de acceder a la subasta, un particular, Roberto, ha mostrado su malestar ante los medios por los impedimentos a la hora de entrar y ha explicado que ha asistido a la subasta para comprar un piso para vivir. Por su parte, un representante de una empresa, Ignasi Busquets, ha dicho que hay "mucha gente en esta subasta" y que "no son especuladores". "Tiene derecho a ir todo el mundo", ha concluido.

El Ayuntamiento ''lamenta'' la subasta

Janet Sanz, teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, ha manifestado su ''decepción'' por la decisión de la Generalitat de hacer la subasta de 46 inmuebles heredados por no haber hecho testamento.

La teniente de alcalde ha dicho que no puede ''entender'' la decisión del Govern y ha añadido que la Generalitat ha ''perdido una gran oportunidad'' de ponerse al servicio de los diferentes agentes sociales que reclaman vivienda social. Ha recordado que desde el Ayuntamiento hace años que se espera que la Generalitat, que es quien tiene competencias, despliegue actuaciones de pisos sociales.

Janet Sanz ha informado que el Ayuntamiento de Barcelona actúa a favor de la vivienda social y ha señalado que por cada 100 euros que invierte el gobierno municipal la Generalitat invierte solo 23 euros.

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