El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Ministerio de Justicia la reforma del Código Penal para suprimir la posibilidad de que puedan ser sometidas a una esterilización forzosa, una práctica que sufren especialmente las mujeres y niñas con discapacidad.

En una misiva remitida al nuevo secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, el Cermi y la Fundación Cermi Mujeres han urgido a reformar el Código Penal con el fin de terminar con "excepciones lacerantes que atentan contra la integridad de las personas con discapacidad".

El comité plantea que esta prohibición de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad forme parte de la reforma del Código Penal, que ha encargado estudiar a la Sección Penal de la Comisión General de Codificación en relación con la redacción de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales