Los alcaldes de Totana (PP), Torre Pacheco (PP), Fuente Álamo (PP) y el ex alcalde de Los Alcázares (PSOE) ya saben lo que es pisar un juzgado para declarar. El último en hacer este paseíllo ha sido el alcalde de Puerto Lumbreras (PP). Ayer, Pedro Antonio Sánchez estuvo en los juzgados de Lorca, acusado de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Sánchez, acompañado por sus abogados, llegó a las diez de la mañana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, que ha admitido a trámite la querella criminal que el grupo municipal socialista de Puerto Lumbreras presentó contra él en febrero de 2007.

El alcalde de Puerto Lumbreras acudió voluntariamente a los juzgados, ya que podía haberse negado por su condición de aforado al ser diputado regional, y dijo que su deseo es «que todo se aclare».

A Sánchez, además de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, se le acusa de negociación prohibida a funcionarios y falsedad de documento público.

El alcalde dijo que confía en que la querella interpuesta  sea archivada. «Mi citación judicial no responde a ninguna investigación policial, ni ha habido registros ni escuchas».

El político también anunció que una vez que la Justicia se pronuncie sobre el caso «hablaremos nosotros» y que exigirá también por la vía judicial responsabilidades a los denunciantes.

Piden que declare Juan Morales

La Fiscalía del TSJ ha pedido a la Sala de lo Civil y Penal que asuma el caso de la presunta corrupción urbanística de Totana y que llame a declarar como imputado al anterior alcalde y diputado regional Juan Morales (expulsado del PP y ahora en el Grupo Mixto). El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, presentó ayer un informe en el que asegura que han aparecido indicios de criminalidad contra Morales, que habría podido incurrir en delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación.