En rueda de prensa, la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, ha destacado que este convenio avanza en la "ordenación" de la prestación de la dependencia en el archipiélago, ya que las administraciones públicas "van de la mano" y con más recursos económicos y "nuevas formas de trabajar".

La consejera ha destacado que la plurianualidad da "estabilidad y calidad" a los servicios, al tiempo que ha resaltado que se incluye la revalorización anual del IPC, los costes de los informes de acreditación de la dependencia y el reconocimiento de la Consejería de Sanidad de las plazas de alto requerimiento, con doce millones de euros adicionales al año.

Los convenios, que se suscriben entre el Gobierno de Canarias y los siete cabildos, ofrecen todos los servicios de la cartera detallada en la Ley 39/2006, lo que permitirá que cada institución insular ofrezca en su ámbito territorial el mayor abanico de posibilidades a las personas que permanecen en sus listas de espera, así como complementar la atención de las personas que ya están en sus centros.

Así, un solo convenio por Cabildo que unifica los procedimientos acuerdos y adendas que se firmaron el año pasado, que fueron un total de 21.

De esta manera, estarán financiados con un importe global que asciende a 448.344.420 euros por parte del Gobierno, más la aportación insular.

En concreto, para el 2018, el Ejecutivo canario destinará un global de 104.395.922 euros, lo que supone un incremento en la aportación con respecto a 2017, de un total de 27.126.468 euros.

En concreto, el gasto plurianual se distribuye de la siguiente forma: 104.395.922 euros en 2018; cifra que se incrementa hasta 114.972.560 euros en el año 2019; para el 2020, este gasto será de 114.487.969 euros y para el 2021, de 114.487.969 euros, ascendiendo, el gasto plurianual, a un total de 448.344.420 euros.

Además, está prevista la revisión y ampliación del gasto de los convenios en 2020 porque ya entrarán en funcionamiento algunos de los centros del II Plan de Infraestructuras, y estipulan una revisión anual que supondrán el crecimiento de un 10% en la financiación de las plazas para 2019, que incluye la revisión de precios con arreglo al IPC.

MÁS DE 10.670 PLAZAS, 485 PLAZAS MÁS QUE EN 2017

Con esta inversión, se proporciona estabilidad a la financiación de un total de 10.670 plazas, lo que supone un incremento en el número de plazas con respecto al convenio de 2017, de 485 plazas.

Del global de plazas, 10.670, un total de 5.473 tienen carácter residencial y 5.197 son de estancia diurna. Por sectores, la atención de personas mayores dispondrá de 5.054 plazas y 5.616 plazas serán para la atención de personas con discapacidad.

Asimismo, se financian 420.900 horas para la atención especializada en domicilio y promoción de la autonomía personal.

Igualmente, este año en los convenios se incorporan, por vez primera, un total de 422 plazas de teleasistencia, tanto para mayores como para personas con discapacidad, que se incluyen en el convenio de Gran Canaria.

En cualquier caso, la Comunidad Autónoma financiará plazas de teleasistencia, mediante un convenio específico con Cruz Roja, en toda la Comunidad Autónoma de Canarias.

GASTO PLURIANUAL POR ISLAS

Por islas, se contempla un gasto para la plurianualidad 2018-2021 por parte del Ejecutivo canario de 189.678.230 euros para la isla de Gran Canaria; 6.454.132 euros para Fuerteventura; 27.177.053 euros para Lanzarote; 192.388.953 euros para Tenerife; 25.978.604 euros para La Palma; 6.214.861 euros para La Gomera y 3.609.107 euros para El Hierro.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un Catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.