Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, para la Dirección General de Salud Pública y Consumo las aportaciones de este colectivo resultan de especial interés dado el trabajo que vienen realizando desde hace muchos años y que permite la máxima cercanía y empatía en la atención, asistencia y acompañamiento de las personas consumidoras de esta región, así como un conocimiento exhaustivo de sus problemas e inquietudes en materia de consumo.
El anteproyecto de Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha pone énfasis en la vocación municipalista de las políticas públicas de consumo en la Comunidad Autónoma, en línea con la trayectoria mantenida desde la creación de las primeras OMIC en la región y que, en la actualidad, constituyen una red de 87 oficinas.
Durante el transcurso de esta reunión se han abordado cuestiones relativas al articulado de la norma y su futuro desarrollo reglamentario, destacando las relacionadas con las competencias de las administraciones locales en materia de consumo, las funciones que deben desempeñar las OMIC, la necesidad de crear un catálogo y un registro de estas oficinas con objeto de sistematizar y armonizar el perfil y la cartera de servicios que prestan, así como la racionalización y el diseño territorial de recursos que garantice una cobertura distribuida y adecuada en términos de eficiencia y acceso a los recursos públicos.
Por su parte, la Asociación de Técnicos de Consumo considera que esta iniciativa normativa es necesaria para actualizar la protección de las personas consumidoras con arreglo a los retos que plantea hoy la sociedad de consumo y la respuesta que demanda una ciudadanía que ha cambiado sus hábitos y decisiones de compra en un mercado cada vez más digitalizado.
Asimismo, este colectivo considera que el anteproyecto en la medida que contribuye a consolidar y reforzar las políticas de consumo en la región y, en particular, el rol que las OMIC están llamadas a desempeñar en este nuevo marco legal.
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