Así lo denunció ayer la Escola Católica de las Islas Baleares, asociación que agrupa a unas 30 guarderías, que calificó la medida de "inconstitucional" y defendió que las escoletas sigan funcionando como centros asistenciales. Una postura que también apoya la Asociación de Guarderías Infantiles de Pimem, en la que están representadas 120 centros.

Según esta asociación, muchas de las escoletas de las Islas no podrán asumir los costes derivados de la adaptación a la nueva normativa y, por lo tanto, tendrán que verse obligados a cerrar.

Se podrían perder mil empleos

Además de cambios en sus instalaciones, la nueva ley obligará a que los profesionales que trabajan en estos centros, ahora titulados en Puericultura, pasen a ser maestros, algo que afectará a unos mil trabajadores del Archipiélago.

Por otro lado, las cuotas de las escoletas, según la Escola Católica, podrían aumentar de los 250 euros de media actuales a más de 400, algo que "no todas las familias, la mayoría trabajadoras, pueden asumir".

Otra consecuencia de la entrada en vigor de la nueva norma sería que, al convertirse en centros educativos, las guarderías tendrían que regirse por el calendario escolar y, por lo tanto, no podrían abrir durante todo el año, dejando "sin asistencia a trabajadores que en su mayor parte desarrollan su actividad laboral en el sector turístico".

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